Así se desprende de un informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS) y difundido este jueves, mientras la 30ª Cumbre del Clima de Belém (Brasil) -conocida como COP30- avanza en su recta final.

Según el OS, las asambleas ciudadanas son “uno de los instrumentos más válidos y potentes” para que la sociedad “se tome en serio” la acción climática.

La primera ACC se activó en el otoño de 2021 con 100 personas elegidas de forma aleatoria y con representatividad de género, edad y lugar de residencia, que conformaron una ‘miniEspaña’. Contó con seis sesiones y elaboró recomendaciones no vinculantes que enviaron primero al Gobierno y después al Congreso.

Esa iniciativa forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España aprobada por el Consejo de Ministros en 2020, y aparece recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en vigor desde 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la entonces ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, recibieron en los jardines del Palacio de la Moncloa a representantes de la Asamblea en julio de 2022, que les trasladaron un informe con 172 recomendaciones enmarcadas en 58 objetivos y organizadas en cinco bloques: consumo; alimentación y usos de suelo; comunidades, salud y cuidados; trabajo, y ecosistemas.

Algunas de esas recomendaciones son más teletrabajo, menos vuelos en avión en viajes de hasta 350 kilómetros, reducir las macrogranjas, cuatro días laborales a la semana, ecocidio como nuevo delito y un pacto de Estado contra el cambio climático.

Según el Observatorio de Sostenibilidad, un 10% de esas propuestas están “en claro retroceso” y un 42% cuentan con “avance cero”.

En el lado más positivo se encuadra el 48% restante: en un 42% se han producido “algunos avances puntuales”, un 4% cuenta con “avances relevantes” y solo un 1% están “en fase de cumplimiento”.

“EN CLARO RETROCESO”

Las que están “en claro retroceso” son 19 recomendaciones, entre ellas algunas relativas al consumo, como facilitar el aprovechamiento y la reutilización de aguas en los edificios (4ª), controlar el uso de redes que generen emisiones electromagnéticas (10ª), crear bancos del tiempo (15ª), sensibilizar sobre el concepto de decrecimiento (17ª) y eliminar las políticas que incentiven el consumo de productos con impacto ambiental (20ª).

Otras se refieren a alimentación y usos del suelo, como la transición agroecológica hacia cultivos con menos impacto y usando variedades nunca modificadas genéticamente (39ª); reducir progresivamente el uso, la producción y la importación de transgénicos (40ª).

También en alimentación y usos del suelo figuran “en claro retroceso” un cambio del modelo de producción animal que promueva la ganadería extensiva agroecológica y reduzca las ‘macrogranjas’ (41ª); reducir el uso de fertilizantes químicos y promover los fertilizantes orgánicos (44ª); regular el uso de cultivos acorde con el agua de cada zona (50ª), y promover y mejorar el acceso a una alimentación de proximidad, saludable, de temporada y libre de químicos (58ª).

En comunidades, salud y cuidados están promover medios de compartir vehículo (67ª) y proteger el medio rural de los impactos de la excesiva urbanización y las actividades contaminantes (77ª).

Respecto a trabajo, se encuentra “en claro retroceso” reducir el extractivismo y el impacto ambiental generado por la minería tradicional, las canteras y la extracción de tierras raras (110ª).

Y respecto a los ecosistemas, figuran en la lista invertir en la prevención de los incendios forestales promoviendo una gestión forestal sostenible y adaptativa (143ª), garantizar una estricta y rigurosa evaluación ambiental de los proyectos de implantación de energías renovables (145ª, disponer de una zonificación clara y vinculante para preservar los ecosistemas de alto valor ambiental de las instalaciones de energías renovables (144ª) y limitar el número y la superficie de los campos de golf y de fútbol con césped en zonas con poca agua (161ª).

“EN FASE DE CUMPLIMIENTO”

Por otro lado, las dos recomendaciones “en fase de cumplimiento” se refieren a la exigencia de los mismos requisitos ambientales que hay en España y Europa a los productos que vengan de otros países (109ª), y reducir la contaminación atmosférica y controlar más la calidad del aire en las ciudades (156ª).

Según Carlos Alfonso, coordinador de programas y contenidos del OS y autor principal del informe, debería haberse constituido un comité de seguimiento y evaluación de las 172 recomendaciones, así como “la asignación de presupuestos para su cumplimiento”.

“Es imprescindible convocar una nueva asamblea ciudadana con representantes del conjunto de los habitantes del país, con adecuada publicidad de debates y medidas propuestas que no solo informen directamente al Parlamento, sino que se transformen en políticas públicas con presupuestos y rendición de cuentas”, añade Fernando Prieto, también del OS.