Fuentes de Farmaindustria explicaron a Servimedia que habían presentado un recurso ante el Tribunal Supremo porque "considerabámos que una disposición dentro del real decreto 177/2014 iba contra la ley de garantías. Esta disposición establecía que aquellos conjuntos con un precio ponderado, que no son todos los medicamentos, si se comercializaban en algún otro país de la UE a un precio inferior al que tenía en España, el laboratorio tenía que informar a la Dirección General de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) en un plazo de un mes. La notificación era para bajar el precio del medicamento. Por esto, se recurrió ante el Supremo, ya que se consideró que iba en contra de la Ley de Garantías y el Supremo nos ha dado la razón".

El Supremo ha declarado la nulidad de esa disposición que establecía un sistema automático de precios de referencia de las presentaciones de medicamentos a tenor, exclusivamente, del precio industrial inferior al que se comercializan en otro Estado de la UE.

La sentencia comparte con Farmaindustria que es "improcedente trasladar aritméticamente a nuestro sistema, sin más, el precio industrial con el que se comercializa la presentación en cualquier país de la Unión Europea sin valorar en absoluto las circunstancias o especificidades de los distintos países afectados y sin contemplar siquiera parámetros tales como renta per cápita, características del correspondiente sistema público sanitario o eventuales fluctuaciones del valor de sus divisas, aspectos que, desde luego, no resultan baladíes".

Agrega que "para que una circunstancia como la que nos ocupa pudiera actuar como único parámetro de determinación del precio hubiera sido necesario, a nuestro juicio, una previsión legal al respecto".