Con la práctica de estas nuevas diligencias, el ministerio público trata de determinar si en la votación se utilizaron ficheros públicos que contenían datos personales de los ciudadanos, protegidos por la ley.

La información sobre la forma en que se contrataron, desarrollaron e implementaron los aplicativos que sirvieron de base para la consulta del 9-N resulta de la documentación remitida a la autoridad judicial a instancias de la propia Fiscalía por las empresas que prestan servicios TIC a la Generalitat.

En esta documentación se observan elementos que “inequívocamente” apuntan a que en el seno del marco contractual preexistente entre el CTTI y dichas contratistas privadas se encargó el desarrollo de instrumentos informáticos específicamente destinados a ser utilizados en la votación.

Con las diligencias solicitadas se trata de establecer hasta qué punto la Administración catalana mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.