El acuerdo firmado hoy en Valladolid fue definido como “ejemplar” por ambas partes, debido al consenso alcanzado entre dos administraciones de distinto color, junto con asociaciones e instituciones del ámbito inmobiliario.

En este sentido, Corredor añadió que "cuando todos, incluidas administraciones públicas de distintos colores, trabajamos juntos, nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los ciudadanos a quienes nos debemos. Este acuerdo es un buen ejemplo y abre el camino".

En su opinión, "estamos demostrando que sí es posible el consenso. Es un camino en el que merece la pena profundizar”, aseguró la ministra, un extremo en el que coincidió con el jefe del Ejecutivo regional.

La situación de crisis que afecta a la economía y en concreto al sector inmobiliario ha motivado este acuerdo, para compensar el descenso de la demanda en la compra del viviendas de nueva construcción, y que lleva a un importante número de inmuebles sin habitar, alrededor de 40.000 en la comunidad de las que 30.000 son susceptibles de convertirse en VPO.

Desde el punto de vista social, más de 30.000 familias podrían acceder a una vivienda y, desde el panorama económico, esta situación provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan inmovilizados.

Por otra parte, en referencia al empleo, los firmantes consideran que es complicado reactivar un sector como el de la edificación promoviendo obra nueva, en tanto no se movilice el amplio excedente existente.