La Junta considera que la norma que no cumple con la normativa y cuenta con algunos “vicios”, según dijo el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, al finalizar el Consejo de Gobierno en el que se llegó a este acuerdo.

De Santiago-Juárez explicó que esta es la primera vez que el Ejecutivo nacional resuelve un asunto de estas características en un sentido distinto del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, y recordó que, entre los fundamentos del recurso, se explica que la orden argumenta de forma “pobre e inconexa” cuestiones de índole política sin ningún tipo de cobertura normativa, cuando debiera haber valorado “única y exclusivamente” el resultado de la seguridad.

Todo lo anterior, “pone en evidencia que la orden se dictó con desviación de poder al ejecutarse una competencia para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico”.

En este sentido, explicó que la orden de cierre presenta un doble contenido, por un lado el de renovación de la autorización de funcionamiento de cuatro años distinto al marcado en el inicio de diez, y en segundo lugar, el acuerdo de cese de la explotación.

Para el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, es preciso analizar la forma separada de ambos acuerdos para entender “los vicios de procedimiento”.

De Santiago-Juárez criticó que el informe al Consejo de Seguridad Nuclear y a la Junta de Castilla y León se pidió teniendo en cuenta una hipótesis de prolongación de la vida útil de diez años y no de cuatro y, en cualquier caso, estos informes son preceptivos, y resultan válidos para estos efectos, es decir para tener en cuenta en el caso de continuar durante diez años.

Por lo tanto, añadió que la hipótesis de cuatro años no fue sometida a la tramitación y el estudio que exige este tipo de informes, sino que se solicitó en días, cuando normalmente se tardan años en realizar.

Asimismo, respecto al acuerdo de cese de la central, según el portavoz de la Junta se adoptó sin respetar la tramitación exigida legalmente, fundamentalmente por dos cuestiones.

La primera de ellas, que se ha omitido el trámite de audiencia a la comunidad autónoma porque “en ningún caso se ha solicitado informe sobre cese de explotación cuando normativamente es preceptivo solicitar informe”. En segundo lugar, añadió, tampoco se pidió informe al Consejo de Seguridad Nuclear sobre el cese.