Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, planteó esta medida con el objetivo de obtener más recursos para el sistema.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aclaró a los periodistas que esta propuesta se alinea con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y concretó que podrían recuperar unos 1.900 millones.

De este modo, del total de 4.000 millones de euros que ahora se destinan a las bonificaciones y reducciones, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) asume la mitad y con esta medida de conversión de las reducciones en bonificaciones asumirá 1.900 millones de euros más.

Báñez insistió durante su comparecencia en que el principal problema que hoy atraviesa el modelo de pensiones es la pérdida de 3,3 millones de empleos, puesto que el 70% del deterioro de las cuentas de la Seguridad Social entre 2008 y 2013 se debió “exclusivamente” a la disminución de empleo durante la crisis y el “remedio principal” es recuperarlos.

En este sentido, recordó que en los últimos 12 meses, se han creado casi 600.000 empleos y la afiliación crece a un ritmo interanual del 3,44%, con lo que “estamos revirtiendo la principal amenaza a la que se enfrentó el sistema de pensiones en estos últimos años: la destrucción masiva de empleo”.

Pese a la reducción de puestos de trabajo durante la crisis, la ministra recalcó que la Seguridad Social “sigue cumpliendo con sus obligaciones cada mes” pagando “más pensiones que nunca” y “a más pensionistas que nunca”, e indicó que la pensión media de jubilación se sitúa en los 1.050 euros.

Por ello, hizo una llamada a la “tranquilidad” para transmitir que los españoles tienen asegurada su pensión a medio y largo plazo, y consideró que el alarmismo de algunos es “irresponsable” y “carente de justificación real”.

Báñez expuso que España no ha recibido recomendaciones por parte de la Comisión Europea sobre la reforma de las pensiones desde 2013 y el sistema afrontará un gasto total en pensiones sobre el PIB del 11% en 2060 mientras que en otros países europeos este porcentaje será superior.

“Tenemos un sistema público de pensiones fuerte, sostenible y más preparado para los retos de futuro que la mayoría de países de nuestro entorno”, aseveró la ministra.

Ante el reto que supone la situación “complicada” de la Seguridad Social, con un déficit del entorno del 1,6% del PIB, Báñez instó al Pacto de Toledo a trabajar para poder seguir adoptando medidas, puesto que esta comisión supone “el gran pacto social de la democracia” y es “prueba de la buena política, colaborativa, cooperativa, y debe merecernos un debate franco pero sin concesiones a la demagogia, el simplismo o el partidismo”.

De este modo, la ministra indicó que las medidas que se adopten en el seno del Pacto de Toledo deben respetar el carácter contributivo del sistema de reparto, que “consolida el principio de equidad”, y el carácter de solidaridad intergeneracional, entre territorios y entre distintos niveles de renta.

OTRAS MEDIDAS

A lo largo de su comparecencia, la titular de Empleo y Seguridad Social también indicó “entre todos” es necesario asegurar el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y recalcó que “limitar la vida activa de millones de personas simplemente no tiene sentido” porque es “ir contra la libertad individual y el progreso social”.

Asimismo, insistió en continuar las actividades de lucha contra el fraude, que con más de 879.000 inspecciones realizadas entre enero de 2012 y marzo de 2016 ha permitido ahorrar más de 16.600 millones de euros.

Por ello, la ministra consideró “fundamental” disponer de un acuerdo sobre la financiación y la sostenibilidad del sistema y apeló a reforzarlo ante los retos de futuro con “responsabilidad”.