Según García, en Primaria se produjo un aumento medio de un alumno por clase en la Enseñanza Pública y de 0,2 estudiantes en la concertada, mientras que en Secundaria el incremento fue de 1,6 alumnos en la red pública y de 0,3 en la privada.

“Esto es así teniendo además en cuenta que la escuela pública escolariza a la gran mayoría del alumnado inmigrante, con necesidades educativas especiales y de zonas rurales, lo que supone una disminución de ratios” en dichos grupos, destacó.

En concreto, dijo, la escuela pública atiende a casi el 82% de los estudiantes de origen inmigrante, frente al 13,1% de la concertada y al 4,8% de la privada.

Asimismo, criticó que la financiación de los conciertos haya aumentado un 6,5% durante la crisis -“sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia”, dijo-, mientras que las partidas para la pública caían en más de un 15%.

La educación pública ha perdido 23.416 profesores, un 4,61% de su plantilla total, al tiempo que la concertada ganaba 9.416 docentes, indicó García.

Asimismo, denunció que la tasa de interinidad ha pasado del 17,3 al 23,53% y que los funcionarios de carrera han caído más de un 10%, frente al incremento del 28% en los interinos.

Por todo ello, reclamó una oferta de empleo público “amplia y suficiente, con una tasa de reposición del 130% durante varios años, así como la derogación del real decreto de 2012 que permitió el aumento de las ratios de alumnos por aula, incrementar la jornada lectiva del profesorado y retrasar las sustituciones por baja laboral".

Dicho texto ”justificaba su necesidad y su aplicación por las excepcionales exigencias económicas”, reflexionó García, con lo que “una vez superadas estas dificultades, es lógico ponerle fin".

LEY DE FINANCIACIÓN

Del mismo modo, reclamó una ley de financiación que asegure una inversión pública suficiente para que “el sistema educativo español se homologue al de los países de nuestro entorno”, donde se obligue al Estado a recuperar “en una legislatura los niveles de inversión educativa en términos del PIB de antes de la crisis”.

Esto es, volver al 5,01% de 2009 (en la actualidad se sitúa en el 4%) o, dicho de otra manera, recuperar los 8.917 millones de gasto liquidados que se han perdido durante estos ocho años de crisis, puntualizó García.

Con todo, reiteró que el horizonte a medio plazo debe contemplar un 7% del PIB destinado a educación, e insistió en que “sin este compromiso no habrá acuerdo educativo”.

Finalmente, reclamó que la nueva ley educativa, “si se alcanza”, se ocupe de regular el derecho a la educación y no de establecer al detalle los contenidos del currículum y de la programación.

García consideró que dicho derecho habría de incluir el acceso a una educación gratuita y de calidad, “lo que implicaría aumentar la oferta pública de plazas en las etapas de 0 a 3 y de 16 a 18 años”; a “la igualdad de oportunidades” y a una enseñanza inclusiva donde la compensación estuviese garantizada; al aprendizaje durante toda la vida; a la inclusión en el temario de contenidos sobre investigación, respeto del ecosistema e innovación; a la participación democrática en la vida escolar, y a la calidad de la docencia (con la aprobación de un Estatuto del Personal Docente).

“No habrá pacto educativo cimentado en la actual Lomce, los recortes de 2012 o la reforma de la Universidad”, concluyó.