La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, compareció en rueda de prensa tras la finalización del pleno para explicar que los vocales habían decidido por unanimidad acordar la suspensión cautelar al entender que se trata “de una medida que viene determinada por resolución de apertura de juicio oral dictada por el Tribunal Supremo”.

Garzón, tras conocer telefónicamente la decisión del Consejo, abandonó sobre las 14.00 horas la Audiencia Nacional, donde ha estado destinado 22 años. El magistrado fue arropado en su salida por los funcionarios del que hasta ahora era su juzgado y por varios de sus compañeros, como los jueces Santiago Pedraz o Fernando Andreu, quienes le despidieron entre aplausos.

Aún así, su suspensión no será formalmente efectiva hasta que no se le comunique, a través del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, la resolución completa del CGPJ, un trámite que según Bravo estará listo “lo antes posible”.

A pesar de la despedida de Garzón, podría no ser un adiós definitivo ya que se trata de una medida cautelar que se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo le juzgue y dicte sentencia. Si es condenado, será inhabilitado y apartado de la carrera judicial, mientras que si resulta absuelto podría reincorporarse a su puesto como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces, encabezados por su presidente, Carlos Dívar, decidieron finalmente suspender a Garzón en un pleno extraordinario que se inició a las 11.30 horas y cuyo único punto del día fue determinar las consecuencias del proceso penal abierto al juez de la Audiencia Nacional.

Ante las preguntas de los periodistas extranjeros, Bravo salió en defensa del Tribunal Supremo y señaló que, en 30 años de democracia, este órgano jurídico ha demostrado “que actúa siempre conforme a derecho”.

“Las valoraciones que se hagan de las decisiones judiciales siempre las respetamos, así como las discrepancias y sus dimensiones mediáticas, pero en España tenemos un sistema judicial garantista y jueces constitucionales que aplican las leyes con responsabilidad”, subrayó la portavoz.

TRASLADO AL TPI

A pesar de esta decisión, la Comisión Permanente del CGPJ se reunirá esta tarde a las 18.00 horas para decidir si el juez de la Audiencia Nacional puede trasladarse al Tribunal Penal Internacional (TPI) a pesar de haber sido suspendido cautelarmente.

La portavoz del CGPJ indicó que el presidente del Consejo, Carlos Dívar, ha decidido convocar una Comisión Permanente para esta tarde para estudiar y resolver el permiso de servicios especiales solicitado por el juez para trabajar en La Haya (Holanda), sede del TPI.

“La Comisión Permanente va a interpretar los artículos y toda la documentacion requerida”, indicó al portavoz.

Fuentes próximas al proceso aseguraron que la suspensión cautelar de Garzón podría truncar sus planes de trasladarse TPI para trabajar como asesor externo de la Fiscalía y argumentaron que el permiso de servicios especiales solicitado en principio no se podría tramitar debido a que esta figura sólo se puede aplicar a jueces y magistrados que se encuentren en activo.

Según estas fuentes, Garzón sólo podrá trabajar como asesor en el TPI si solicita la excedencia o su salida de la carrera judicial, algo que parece poco probable ya que supondría su pérdida de destino y, por lo tanto, no podría volver a la Audiencia Nacional si finalmente es absuelto por el Tribunal Supremo en el juicio por su investigación de los crímenes del franquismo, que podría celebrarse a finales de julio o entrado el mes de septiembre.

Uno de los informes solicitados por el CGPJ para decididir sobre el traslado de Garzón, el elaborado por el Servicio de Personal Judicial del propio Consejo, recomendó rechazar la petición del juez al entender que “no cumple los requisitos exigidos por la ley”

“No parece que la invitación, oferta o posibilidad de nombramiento como consultor externo puedan integrar las exigencias que impone la ley, pues por un lado, no se ha llevado a cabo nombramiento alguno y, por otro, se trata de un posible hecho futuro que no se puede verificar o, cuando menos, no se ha verificado con la documentación aportada”, señala el citado informe.

OTROS INFORMES

Aún así, el CGPJ tiene en su poder otros informes, como los elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por el Servicios de Inspección del Consejo o por el propio TPI. Además, Bravó indicó que han llegado al registro del órgano de Gobierno del Poder Judicial nuevos documentos.

El propio Garzón ha remitido al CGPJ un escrito en el que comunica que el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado hace casi un mes en su contra por el instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela se encuentra todavía pendiente de recurso de apelación. Otro de los documentos recibidos en las últimas horas comunica al Consejo que Garzón ha presentado un recurso pidiendo la nulidad del auto de apertura de juicio oral que le llevará al banquillo de los acusados.

Por último, el propio fiscal del TPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, ha remitido un informe al CGPJ en el que aclara las condiciones del trabajo que ha ofrecido a Garzón y detalla las funciones que desarrollaría el magistrado.

“La amplia experiencia del juez Garzón en la investigación de crímenes masivos cometidos tanto por Estados como por organizaciones no estatales supondrá una valiosa aportación a la Fiscalía que dirijo”, declaró el propio fiscal Moreno Ocampo en una declaración recogida en la página de Internet de la ONU.

RECUSACIONES DE VOCALES

Antes de entrar a debatir la suspensión de Garzón, el pleno estudió la recusación planteada por el juez de la Audiencia Nacional contra la vocal Gema Gallego así como la abstención voluntaria del vocal José Manuel Gómez Benítez.

Los miembros del Consejo decidieron en menos de media hora aceptar la abstención de Gómez Benítez pero rechazaron la recusación planteada por Garzón contra Gallego.

El Consejo ya decidió hace poco más de un mes apartar de las deliberaciones sobre Garzón a la vocal Margarita Robles y al vicepresidente, Fernando de Rosa, ambos recusados por el juez.

Por lo tanto, Robles, De Rosa y Gómez Benítez abandonaron el pleno mientras los 18 vocales restantes comenzaron, sobre las 11.30 horas, a deliberar sobre el futuro de Garzón.

Mientras tanto, una veintena de personas se congregaban a las puertas del CGPJ para mostrar su solidaridad con el juez Garzón. Entre los simpatizantes se encontraba la abogada feminista y ex diputada regional socialista Cristina Almeida.

Los manifestantes portaban banderas republicanas, caretas con la cara del juez de la Audiencia Nacional y pancartas en las que se podía leer “más jueces como Garzón” o “queremos justicia universal aquí”.

El Supremo tiene otras dos causas abiertas contra Garzón. En concreto, además de por su investigación de los crímenes del franquismo, el Supremo ha imputado al magistrado por grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del “caso Gürtel” y sus abogados y por los cursos que impartió en Nueva York y que fueron subvencionados por el Banco Santander.