La Fiscalía catalana acusa a Puigdemont, Forcadell, los consejeros y los miembros de la Mesa de delitos que conllevarían penas de cárcel en el caso de que los tribunales les declarasen culpables.

En concreto, el Ministerio Público entiende que los denunciados podrían haber cometido un delito continuado de desobediencia, malversación de caudales públicos o prevaricación continuada.

Los acusados podrían haber llevado a cabo estos delitos, en el caso de la Mesa del Parlament, al tramitar y someter a votación la Ley del Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica. En el caso de Puigdemont y sus consejeros, se actúa contra ellos por haber firmado un decreto para celebrar el referéndum y por estar dedicando medios públicos a este fin.

“PLENAMENTE CONSCIENTES”

La querella, en el caso del Gobierno catalán, va dirigida contra Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull. Raül Romeva, Meritxel Borràs, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa i Coll, Santi Vila y Meritxell Serret.

En el caso de la Mesa, la acción legal pide actuar contra Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. Por lo que se refiere al Gobierno catalán, el Ministerio Público entiende que el presidente autonómico y sus consejeros se han negado “abiertamente” a obedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional contra el referéndum secesionista.

En el caso de Forcadell y los otros miembros de la Mesa, la Fiscalía entiende que los querellados eran “plenamente conscientes” de que al tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad estaban desobedeciendo “frontalmente” lo dictaminado por el Constitucional.