Así lo constata el ‘Estudio sobre los factores condicionantes de la coordinación sociosanitaria para la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica en España’, realizado por la confederación Cocemfe gracias a una subvención procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que participaron 800 personas entre ciudadanos con discapacidad física y orgánica, profesionales de las asociaciones y trabajadores de la sanidad pública y de los servicios sociales, además de otros expertos.

El responsable del Área de Cohesión Social y Coordinación Sociosanitaria de Cocemfe, Alejandro Fernández, presentó hoy la investigación durante la ‘Jornada sobre discapacidad orgánica: hacia un enfoque integrador para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica’, organizada por la entidad en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Según sus resultados, las carencias actuales en los servicios públicos obligan a la mayoría de las personas con discapacidad física y orgánica a recurrir al sector privado para disponer de los servicios, tratamientos o productos que necesitan. Esto provoca unos sobrecostes mensuales de entre 50 y 200 euros para el 44% de las personas encuestadas y de más de 200 euros para el 37,3%.

El estudio establece que una de las vías de acción para afrontar los retos existentes en materia sociosanitaria y, en concreto, evitar solapamientos, interrupciones, demoras o incluso errores en la prestación de servicios es el acceso a una información compartida y la interoperabilidad de los sistemas de información.

De hecho, el 62% de los profesionales sanitarios y sociales reconocen que la dificultad más frecuente tiene que ver con la escasa comunicación existente entre el sistema social y sanitario al depender de administraciones diferentes.

El 49% lamentan también la falta de historial médico compartido y el 46%, la ausencia de sistemas tecnológicos comunes.

Por su parte, los profesionales consideran que solo el 35,2% de los casos reciben siempre la atención que necesitan.

En cuanto a las personas con discapacidad, el 34% consideran que no hay coordinación entre los profesionales sanitarios y sociales que les han atendido; el 51,9% nunca ha contado con una persona de referencia para resolver sus dudas; el 38% no ha podido agrupar las citas en un mismo día y horarios, y el 29,3% desconoce su historial personal cuando accede a nuevos servicios.

“Aunque se trata de una cuestión universal, en el caso de las personas con discapacidad física y orgánica es especialmente importante que los recursos sociales y sanitarios estén coordinados y que garanticen atenciones flexibles y centradas en las personas”, declaró Fernández.

"Frente a un modelo centrado en los recursos, planteamos una atención centrada en las personas y en sus circunstancias”, afirmó.