Así queda plasmado en la argumentación jurídica que ha elaborado el Gobierno sobre la aprobación del artículo 155 de la Constitución, cuyo contenido está analizando en estos momentos el Consejo de Ministros extraordinario convocado por Mariano Rajoy.

El documento, al que ha tenido acceso Servimedia, expone minuciosamente a lo largo de 10 páginas las razones que llevan al Ejecutivo de Mariano Rajoy a aprobar este sábado la aplicación del artículo 155 en Cataluña con medidas concretas que se detallan a continuación de esta motivación jurídica.

Uno de los argumentos principales radica en las consecuencias económicas que tendría la independencia para Cataluña y el resto de España, ya que esta situación “no es en absoluto deseada respecto a un territorio y una sociedad que forman parte de España y que el Estado tiene el deber de proteger”.

El Gobierno recuerda que las incertidumbres generadas por las “aspiraciones soberanistas” han generado una amplia desconfianza, no solo en la propia sociedad, sino también en los agentes económicos, provocando el traslado de sedes sociales y fiscales de las empresas, desincentivando inversiones y desmotivando el turismo, uno de los principales factores de crecimiento en Cataluña.

El texto continúa señalando que la pretendida independencia generaría una serie de efectos económicos “de impacto y magnitudes gravísimas” para los intereses de Cataluña y para el interés general de España.

Así, desde el punto de vista comercial, las pretensiones independentistas obvian que supondrían ‘de iure’ el abandono de la Unión Europea y la salida de la Organización Mundial del Comercio, “pasando a ser un país tercero” a efectos de las relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos autónomos del Arancel Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera.

“Todo ello supondría una gran pérdida en términos de competitividad, crecimiento y empleo para una economía en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB”.

Desde el punto de vista financiero, el Gobierno asegura que se obvia asimismo que la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria implicaría la ausencia de representación en los órganos de gobierno de todas sus instituciones, de su amparo y sus beneficios, y en concreto de las facilidades del Banco Central Europeo.

Este hecho llevaría a que, como ya está sucediendo en la actualidad, las entidades de crédito se reubicasen fuera de Cataluña. La salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, “resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña”.

Además, afirma que, incluso la creación de una moneda y un Banco central propios “resultaría inviable, por el elevado nivel de déficit público”. Por ello, “se harían irremediables la expansión monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión”.

Por último, desde el punto de vista de la financiación pública, “las tensiones presupuestarias serían evidentes”. Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria “sería muy limitada, en lo funcional y en lo efectivo, por la erosión de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea”.

Sin embargo, los gastos se verían incrementados, “al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación”, concluye.