Madrid. El Ayuntamiento inspeccionará los pisos turísticos pero olvida los límites y tasas que prometió
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El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, está tratando de precisar el estatus legal de las viviendas turísticas y las que, sin serlo, se dedican a tal uso, pero no mencionó, pudiendo hacerlo, la tasa a estos pisos y el límite de tiempo para funcionar con esta finalidad que en abril pasado prometió imponer.
Calvo tuvo que responder en la comisión del ramo a una pregunta de la portavoz socialista en la misma, Mercedes González, sobre en qué estado se encuentra la modificación de la normativa para “poner orden” en la proliferación de pisos turísticos que anunció el delegado en su día. González dio su pregunta por formulada y reservó su intervención para el segundo turno.
El responsable municipal de Desarrollo Urbano Sostenible reiteró su preocupación por el “crecimiento descontrolado” de estas viviendas, y avanzó que para detenerlo una comisión de seguimiento está elaborando un dictamen sobre el encuadre legal de las viviendas turísticas y las que, sin serlo, se destinan a este uso; que se intentará precisar su régimen urbanístico y que la Agencia de Actividades está “preparando un plan de disciplina urbanística” que someterá a inspección a este tipo de pisos; y que, finalmente se modificará la normativa para acotar las modalidades de uso terciario permisibles en la ciudad.
Por todo ello, concluyó, en el primer trimestre de 2018 habrá “un nuevo marco de actuación urbanística para poner orden a las viviendas turísticas”, y el Ayuntamiento ya ha iniciado conversaciones con las plataformas que mueven este tipo de pisos.
En su segundo turno, González enumeró las formas de combatir la proliferación de viviendas turísticas que Calvo anunció en abril, y a las que éste no hizo mención alguna, ni siquiera en un turno de réplica que renunció a utilizar.
La portavoz socialista recordó que entonces Calvo habló, además de las conversaciones con operadoras, de establecer un máximo de 120 días para que los pisos se ofrecieran a los turistas, de forma que tras ese tiempo tendrían que desaparecer de la oferta de las plataformas como Airbnb; obligar a que sean los propietarios de las casas y no las plataformas las que las alquilen, y establecer una tasa a las viviendas turísticas para financiar los instrumentos que el delegado anunció hoy.
(SERVIMEDIA)
22 Nov 2017
KRT/gja