Este martes 24 de septiembre se reúne la ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Ya el miércoles día 25, la Comisión aprobará, con competencia legislativa delegada, el dictamen del proyecto de ley y las enmiendas que se hayan incorporado.

Entre las enmiendas que se debaten, se encuentra la propuesta del PSOE para reducir el periodo que tienen los parados para rechazar cursos de formación, itinerarios y ofertas antes de ser penalizados.

Los socialistas propusieron en principio penalizar desde el primer día, aunque finalmente se dará un plazo de 30 días durante los que se podrán rechazar propuestas sin riesgo de perder la prestación, frente a los 100 días que recoge la normativa actual.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido que este plazo de 30 días es "razonable" para que un parado decida "por dónde reorienta su futuro". A partir de ese periodo, rechazar propuestas "es incompatible con la prestación por desempleo".

Los sindicatos mostraron su rechazo a esta propuesta. CCOO acusó a Corbacho de "criminalizar" a los parados, y UGT apuntó que el Gobierno con iniciativas como ésta demuestra que sólo ofrece "soluciones desenfocadas para atajar el desempleo".

VUELTA AL CONGRESO

El proyecto de ley de reforma laboral volverá al Congreso de los Diputados en los primeros días de septiembre para su aprobación definitiva.

La reforma laboral generaliza la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida, que tiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado. Además, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonará ocho de los días de la indemnización por despido.

Se ha introducido también la posibilidad de que las empresas recurran al despido en caso de tener una situación económica negativa.

En este sentido, tras un acuerdo en el PSOE y el PNV en el Congreso, se estableció como causa económica del despido el que "existan pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente del nivel de ingresos" de una empresa, que puedan "afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo".

Por otra parte, se incrementa de dos a tres años la duración máxima de los contratos temporales por obra o servicio, y las empresas de trabajo temporal (ETT) podrán actuar en la colocación de parados en el sector de la Administración Pública.