Empleo
Abierto el plazo de audiencia pública del Real Decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad
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El proyecto de Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad se encuentra desde este viernes y hasta el próximo 15 de septiembre sometido a audiencia e información pública.
Tal y como ya había avanzado en junio el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, durante la jornada ‘Inclusión y Discapacidad en el empleo público’, el Gobierno venía trabajando desde hace tiempo en un nuevo real decreto para mejorar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.
El objetivo de esta norma, dijo entonces Óscar López, es actualizar, reordenar y mejorar el texto del 2004. Desde hoy, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, podrán hacer llegar sus comentarios sobre el proyecto de Real Decreto hasta el 15 de septiembre de 2026 a través del correo electrónico 'participacion.dgfp@digital.gob.es'.
Según la información publicada en la web del Ministerio, "desde la entrada en vigor del Real Decreto 2271/2004 hace ya dos décadas, el marco jurídico de protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad ha experimentado una profunda evolución, cuyo máximo exponente ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución Española llevada a cabo en 2024".
Dicha transformación hace necesario, indica el Gobierno, "una revisión integral del régimen jurídico aplicable en materia de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo" del colectivo de la discapacidad.
DISCAPACIDAD SOBREVENIDA
Entre los aspectos destacados, expone el texto publicado por el Gobierno en el apartado de 'objetivos de la norma', se encuentra la necesidad de dar "respuesta normativa suficientemente detallada" a ciertas situaciones, como por ejemplo la adaptación de los puestos de trabajo en los supuestos de discapacidad sobrevenida, "con el fin de garantizar la continuidad en el desempeño profesional de las personas afectadas y asegurar el mantenimiento de sus derechos en condiciones de igualdad, mediante la adopción de ajustes y medidas de apoyo adecuados".
Asimismo, el Real Decreto pretende regular también el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, haciendo hincapié en la reserva de plazas para el colectivo, así como en la accesibilidad de las convocatorias.
El texto consta de 16 artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final.
Según defiende el Ejecutivo en la Memoria del análisis del impacto normativo del anteproyecto, las medidas incluidas en este Real Decreto "tienen por objeto esencial la introducción de medidas de discriminación positiva en el acceso al empleo público, a través de la configuración de cupos de acceso".
Además, "esta reserva de plazas en las Ofertas de Empleo Público no podrá ser inferior al 10% de las plazas convocadas, siendo necesario que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. Estas plazas reservadas se deben incluir en convocatorias de plazas de ingreso ordinario, siendo identificadas y, únicamente de manera excepcional, se podrán convocar de manera independiente".
La norma también señala que "sin perjuicio del turno por el que se presenten, se realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización que se soliciten por las personas con discapacidad igual o superior al 33%".
El texto recoge también que "se promoverá" la participación de personas con discapacidad en los órganos de selección y, "en concreto, en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este personal".
El proyecto de Real Decreto prevé también regular la adjudicación de destinos a las personas con discapacidad que hayan superado un proceso selectivo teniendo en cuenta "motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados".
El trámite de consulta pública previa se llevó a cabo entre el 3 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, y se recibieron un total de 43 aportaciones de organizaciones y particulares, según recoge la Memoria citada anteriormente. Ahora las organizaciones y ciudadanos tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para realizar sus aportaciones.
(SERVIMEDIA)
31 Jul 2026
MAG/clc
