Entiende la defensa que durante la instrucción se vulneró el principio de igualdad de armas y que todas las diligencias que se realizaron iban dirigidas a probar la culpabilidad del investigado, practicándose más diligencias de cargo que de descargo, dado que la mayor parte de las solicitadas por la defensa resultaron rechazadas.

En el trámite de cuestiones previas, la defensa de García Ortiz consideró nula la declaración de secreto de las actuaciones durante un mes por “falta absoluta de motivación” y también pide la nulidad del registro en el despacho del fiscal general, que juzgó “desproporcionado y atentatorio contra su intimidad”.

Castro insistió en que durante la instrucción hubo una “vulneración frontal y grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Constitución” que obligó al fiscal general a recurrir el auto “a ciegas”. Por tanto, considera que debe declararse nulo todo lo derivado de ese registro, incluidos los informes de la UCO y las comisiones rogatorias cursadas a Irlanda y a Estados Unidos para rastrear los mensajes borrados y que, además, no tuvieron éxito puesto que no se pudieron recuperar.

La defensa de García Ortiz se expresó muy duramente contra el instructor Ángel Hurtado del que asegura que realizó una investigación “inquisitiva” y “prospectiva”, sometiéndole a un “proceso injusto” que se inició bajo la premisa de que el “investigado era culpable”.

PERICIAL

En estas cuestiones previas, la Abogacía del Estado presentó un informe pericial que rebate el informe de la UCO sobre el borrado del móvil de García Ortiz. Los agentes concluyeron que el borrado se produjo el día16 de octubre, fecha en que el Supremo abrió formalmente la investigación, y aventuró que podrían haberse eliminado los mensajes intercambiados el 13 de marzo, día en que supuestamente se produjo la filtración.

Según el informe de parte, es imposible saber qué contenidos se borraron el día 16 de octubre, por lo que la deducción de la UCO no se basa en datos. Además, Castro ha pedido nuevas documentales como los tuits difundidos por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tuits del periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta en los que sólo hablaba de dos delitos fiscales; conversaciones en el chat de Tribunales; los mails “ofensivos” que obligaron al fiscal general, según su defensa, a cerrar su cuenta de correo electrónico y la transcripción y audio de un programa de EsRadio en el que intervino Esteban Urreiztieta con la “versión que difundía Miguel Ángel Rodríguez”.

Tras la lectura del auto de procesamiento y de los escritos de acusación, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, dio inicio a la vista y se dirigió a García Ortiz para preguntarle: “¿Se considera responsable de los delitos que se le imputan?”, a lo que el procesado respondió con un escueto “no”.

Por su parte, el abogado de González Amador pidió incorporar dos documentos como prueba. Se trata de dos whatsapps de Miguel Ángel Campos (periodista de la Cadena Ser) la noche de la filtración del correo electrónico. Son mensajes entre el informador y Carlos Neira, abogado de González Amador. Y también el artículo de El País de Juan José Mateo publicado el día 14 a las 19.00 horas en el que se recoge el contenido del mail.