Este argumento podría tener proyección en un futuro, ya que la defensa de Ábalos no oculta su intención de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de condena, y allí podría esgrimir indefensión por la negativa del TS a darle acceso a todas las pruebas.

La defensa del exministro denunció la vulneración del principio de inmunidad parlamentaria porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino un sobre dirigido a Ábalos mientras todavía era diputado.

Según explicó, los agentes seguían a su asesor Koldo García cuando detectaron que un subsecretario le entregaba un sobre para Ábalos. Aunque el sobre llevaba el nombre del exministro, los investigadores lo abrieron, después llegaron a fotografiar a Ábalos saliendo de su casa y anotaron la matrícula de su coche. “Se le ha investigado siendo diputado”, esgrimió el letrado, pidiendo al tribunal que valore las esas pruebas en consecuencia.

El abogado insistió en que esta causa "no tiene más evidencia que los correos y las declaraciones del señor Aldama" y defendió que los contratos de compra de mascarillas se ajustaron a la legalidad y “no admite discusión jurídica”.

Así, acusó a Aldama de mentir al instructor al explicarle que tuvo que pedir a Koldo García una ampliación del pedido de mascarillas del Ministerio de Transportes porque Correos les hizo un ingreso sin contrato y tuvieron que devolver el importe y quedarse con el pedido. El defensor mostró en ese momento la transferencia de Correos de 31 de marzo de 2020, once días después del cambio de orden, por lo que resumió: “Es mentira” y “no fue un error” de Aldama, que quiso “hacer ver al instructor que existió una irregularidad”.

El abogado limitó la responsabilidad del ministro en la contratación con Soluciones de Gestión ya que la operación "se descentraliza" desde el primer momento hacia Puertos del Estado y Adif, donde los “funcionarios intervienen de forma decisiva en la contratación", ocultando que ésta fue la oferta más viable tras intentar ”contratar con otras entidades que resultaron fallidas".

La defensa de José Luis Ábalos se remitió a las declaraciones de Aldama para negar que el chalé de La Alcaidesa fuera un pago al exministro por las gestiones para obtener una licencia de operador de hidrocarburos a favor de Villafuel y relacionó su desahucio con el impago del alquiler cuando dejó de ser ministro.

Recordó que Ábalos abonó las rentas mientras ocupó la casa y destacó que el desahucio se produjo en septiembre de 2021, cuando aún no había noticia alguna sobre las concesión o la denegación de la licencia. Además, explicó que la única gestión acreditada fue una visita al Ministerio de Industria por parte de Koldo García, que fue tildada de trivial por ese departamento y que la Fiscalía ha retirado de su acusación, por lo que “si la trivialidad de la visita no merece reproche penal, el efecto de la visita tampoco puede tenerlo”.

La defensa de Ábalos negó también que el piso de Jéssica Rodríguez fuera una dádiva a favor del exministro, que ni siquiera tenía llaves de la vivienda, por lo que Aldama pagaba “por su propio interés, no por el del ministro”. En esa línea, presentó al empresario como cabeza de la organización criminal porque, como dice la UCO, “le jefe es quien paga”.

Turiel denunció que Aldama pudo salir de prisión provisional, donde estaba por una causa de fraude en el sector de hidrocarburos, a cambio de colaborar con la justicia en el caso de las mascarillas. “Salió inmediatamente sin reconocer absolutamente nada en aquella causa”, dijo antes de exigir conocimiento de las condiciones de ese acuerdo.

El letrado intentó desmontar uno por uno los argumentos de la acusación. Rechazó la intervención de Ábalos en la difusión de una nota favorable al rescate de Air Europa y dijo que solo hay “presunciones” sobre el pago de una comisión. Y señaló que el propio Aldama reconoció durante el juicio que Ábalos “se puso de perfil” en el asunto del rescate.

Sobre las contrataciones de Jéssica Rodríguez y Claudia Montes, el letrado insistió en que no hay ninguna evidencia de que el ministro presionara a ningún directivo o que recibieran instrucciones. Así, recordó que ninguno de los representantes de Adif, de Ineco o de Logirail dijeron haber recibido indicación alguna y se limitaron a canalizar el currículum de las aspirantes. Sólo el gerente territorial norte de Logirail dijo haber recibido llamadas intimidatorias, pero fueron de Koldo García, dijo.