Según indicaron fuentes cercanas a la negociación del acuerdo en el seno del Gobierno, en principio lo previsto era presentar conjuntamente todo el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, como se ha hecho siempre, simultáneamente el capítulo de gastos y el de ingresos.

Sin embargo, la sucesión de comunidades autónomas anunciando o pensándose rebajas o bonificaciones de impuestos o tramos de carácter autonómico recomendó acelerar el acuerdo de la parte de ingresos. Ésta habría sido una petición de la parte socialista del Gobierno que aceptó sin problemas Unidas Podemos. La negociacion se prolongó ayer más allá de la medianoche y los últimos flecos se cerraron esta mañana.

Después de que Andalucía se sumara a Madrid en la bonificación total del impuesto de patrimonio y la Comunidad Valenciana avanzara una bajada de sus tramos de IRPF, corría el riesgo de que Extremadura y otras regiones siguieran la "competencia a la baja" en materia fiscal que teme el Gobierno central.

El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que anunció hoy Montero, al no poder solaparse con el de patrimonio, desincentiva que los gobiernos autonómicos bonifiquen éste último, puesto que lo que los contribuyentes no aporten por uno lo aportarán por otro, y en ningún caso lo harán dos veces. Equivale, según fuentes consultadas, a una armonización fiscal en la práctica.

REBAJAS FISCALES

Por otra parte, el aumento del mínimo exento a 15.000 euros y el del salario bruto sujeto a reducción fiscal a 21.000 euros, que ayudarán a la mitad de los asalariados, más las modificaciones en beneficio de los autónomos y la rebaja del impuesto de Sociedades a las pymes al 23%, se adelantan a las que podrían haber decretado comunidades autónomas en los tramos bajo su competencia.

Según las fuentes consultadas, los dos primeros incrementos sólo se pusieron realmente en la mesa de negociación en los últimos días, cuando varias comunidades autónomas se plantearon seguir los pasos de la valenciana en perjuicio de la capacidad de todas de recaudar y mantener los servicios públicos.

Una vez cerrado el capítulo de los ingresos, el PSOE y Unidas Podemos tienen que abordar el de gastos para cerrar el borrador de los Presupuestos del año que viene. La intención es poder llevarlo al Consejo de Ministros del próximo martes, pero, si no se pactan los aspectos pendientes, podría ir al de la semana siguiente.

Entre los puntos que el grupo confederal sigue reclamando se encuentran las prestaciones que contempla la Ley de Familias del Ministerio de Derechos Sociales (una universal por crianza y permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses), la subida del Iprem; incrementos de prestaciones de desempleo, de la partida de dependencia y otros puntos relativos a energía.

Unidas Podemos también exige un acuerdo siquiera sobre plazos para aprobar la Ley de Vivienda, que el partido Podemos presentó ya a comienzos del verano como prerrequisito para negociar los Presupuestos, junto a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada 'ley mordaza'.