Rodríguez explicó que el fin de los centros especiales de empleo es “generar y mantener” el trabajo para las personas con discapacidad, pero insistió en que no pueden crearse empresas solo para unas personas en concreto.

“Nosotros ponemos en marcha nuestras iniciativas y si trabajando ahí, me viene una oferta mejor, pues me voy. Como ocurre a todo el mundo en todo tipo de empresas”, expresó durante el diálogo '25 años impulsando la economía social'.

También precisó que “ayudar a las personas con discapacidad no te convierte en economía social” y recordó que Aececom nació de la necesidad de “hacer un frente común ante la proliferación que empezaba a haber de entidades de Centros Especiales de Empleo mercantiles”.

Lejos de avanzar como “un entorno amable” de colaboración, hace 25 años estos centros comenzaron a convertirse “en una fuente de negocio para personas a través de otras personas, como ocurría por ejemplo con las empresas de inserción”, recordó durante su intervención.

“Fuimos la primera entidad, a través de nuestra asociación autonómica, que negoció un convenio autonómico de Centros Especiales de Empleo donde, de manera taxativa, dejábamos fuera del convenio a los Centros Especiales de Empleo que llamábamos ‘con ánimo de lucro’”, defendió.

El secretario de Aecemco, Pedro Sáez, también reivindicó que los Centros Especiales de Empleo agruparon “a un conjunto de personas con discapacidad que se asociaban para afrontar los retos que tenían como persona, no solo a nivel de empleo” y apostaron por participar de forma activa desde sus propias asociaciones.

Más de dos décadas después de su nacimiento, el Ministerio de Empleo y Economía Social trabaja en una nueva normativa para que los Centros Especiales de Empleo dejen atrás esta denominación y pasen a llamarse “Empresas para la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad”.

La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, detalló que se utilizará sólo para los de iniciativa social, ya que los de iniciativa privada, sin olvidar que “posiblemente desempeñen un papel importante en la economía”, no cumplen con los principios y valores “que impregnan a la economía social”.

Frente a los centros privados, los de iniciativa social “cumplen un papel esencial en la sociedad”, ya que “no persiguen solamente el trabajo productivo, sino que persigue una verdadera inserción e inclusión de las personas con discapacidad”, como apuntó Merino.

La diferenciación propuesta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social distinguirá entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, que serán “parte integrante y elemento esencial de la economía social”, y Centros Especiales de Empleo, de iniciativa privada y fuera del marco de la economía social.

El comisionado de Economía Social del Ministerio de Trabajo, Jaime Iglesias, respaldó las palabras de Merino y garantizó que, aunque pueden “parecer gestos cosméticos”, todas las medidas tomadas por la cartera de la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la creación del Comisionado, facilitan la interlocución con el sector “a la hora de elaborar las políticas con los distintos ministerios, que tienen resultados”.

“Supone pasar de un modelo que era casi caritativo o médico, a un modelo en el que, básicamente, es la sociedad la que tiene que eliminar las barreras sociales a la discapacidad”, expuso.

VISIBILIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Para el comisionado de la Economía Social, las barreras para incorporarse al mercado laboral no están en las personas con discapacidad, sino en la sociedad, que debe caminar “hacia ese enfoque de inclusión”.

Merino coincidió en que la sociedad “necesita un cambio cultural muy importante” y admitió que “los Centros Especiales de Empleo tienen y deben aproximarse cada vez más al empleo ordinario”.

“Cuando una empresa contrata a una persona con discapacidad, tiene que ser plenamente consciente de que está contratando a una persona con un potencial increíble que aporta muchísimo a la sociedad, pero es que también aporta a la empresa por la que es contratada”, subrayó.

Para la secretaria de Estado, la meta es conseguir “empresas para la inserción laboral de las personas con discapacidad que prácticamente no presenten diferencias en relación con cualquier otra empresa”.

A su juicio, eso requerirá “erradicar todas estas formas de discriminación que perviven y que persisten” en la sociedad y dejar atrás “sesgos” que perviven desde hace décadas, abandonado la perspectiva “de la beneficencia” y reconociendo el “potencial increíble” de las personas con discapacidad. Además, también invitó a reflexionar sobre la posibilidad de que todas las personas, el algún momento de su vida, podrán sufrir algún tipo de discapacidad, sobre todo teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.

“Hay que trabajar desde distintos frentes. Y yo creo que el elemento central es erradicar todas las formas de discriminación que perviven contra las personas con discapacidad”, recalcó.

En su opinión, la persona que sufre algún tipo de discriminación general también es discriminada “en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo”, y serán despedidas antes que otros trabajadores, a la vez que se enfrentarán a mayores dificultades de acceso al empleo.

Como secretaria de Estado, admitió que los poderes públicos también desempeñan un papel nuclear en la visibilización de las personas con discapacidad y la no discriminación, que debe impulsarse a través de las políticas públicas.

“Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tenemos que dar visibilidad a las personas con discapacidad, tenemos que mostrarlas, tenemos que dar esa visibilidad en el sentido de que son personas como el resto de las personas (…). Creo que ahí estáis desempeñando una labor enormemente importantísima, porque os estáis visibilizando, sabéis que existís, que estáis en la sociedad y esto tiene y esto tiene que ser apoyada por las políticas públicas”, resaltó Merino.