Así se recoge en un acuerdo para el desarrollo territorial sostenible del área de Doñana firmado este lunes en Almonte (Huelva) por Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Con ese pacto, Moreno Bonilla anunció que el PP "retira definitivamente" la proposición de ley presentada en el Parlamento de Andalucía que suponía regularizar regadíos ilegales en cinco municipios de la Corona Norte de Doñana y que ha estado cerca de aprobarse, pero su tramitación se paralizó el pasado 3 de octubre, cuando Ribera y el líder andaluz desvelaron que creaban un grupo técnico de trabajo para encontrar una solución a los agricultores afectados.

AYUDAS

Uno de los aspectos consensuados es que los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea (70.000 aportados por el Gobierno de España, 20.000 por la Junta de Andalucía y 10.000 por la Diputación de Huelva) si dejan de cultivar sus tierras y las renaturalizan o reforestan.

Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero las cuantías serán "bastante menores", según Moreno Bonilla.

CATORCE MUNICIPIOS

Por otro lado, el acuerdo general afecta a los 14 municipios del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana: Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa (Sevilla), y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

El documento fue consensuado por ambas administraciones tras escuchar a agricultores, ecologistas, vecinos, empresas, organizaciones sociales y ayuntamientos, así como al Consejo de Participación de Doñana.

"Ofrece un horizonte de oportunidades reales y justicia social para todos los habitantes de Doñana", apuntó Ribera, quien valoró que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía hayan aparcado las "discrepancias", el "ruido" y la "conflictividad" para ofrecer "alternativas" y "soluciones" en "el humedal de mayor importancia de Europa". El comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, ya está al tanto de ese pacto.

Con ello, las dos administraciones prevén invertir alrededor de 1.400 millones de euros hasta 2027, prácticamente a partes iguales entre ambas con el fin de fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas. El Gobierno de España destinará 350 millones, que se suman a los 356 repartidos para actuaciones ambientales desde hace un año. En total, serán 706 millones para Doñana y su entorno, "una cifra probablemente inimaginable", según Ribera.

Dado que un 38% de los habitantes de la comarca se dedican a la agricultura y la ganadería, el sector primario recibirá la mayor parte de la inversión del Gobierno español para impulsar la agricultura ecológica, cultivos de secano o renaturalizar terrenos agrícolas.

"No hemos comprado terrenos de regadío ni derechos de agua que no existen. Queremos impulsar el cumplimiento de las normas. Queremos asegurar alternativas y beneficios para todos. No se trata, por tanto, de un proyecto vinculado a un grupo que, por intereses que pudiera tener, es un grupo reducido, sino que es un programa amplio para todos los vecinos del área de influencia", apuntó Ribera.

“BIEN ESTÁ LO QUE BIEN ACABA”

Por su parte, Moreno Bonilla destacó que "bien está lo que bien acaba" y aparcó también las diferencias mantenidas en los últimos meses con Ribera gracias a un "acuerdo histórico" que "protege y blinda una joya natural como Doñana" y entierra "una difícil situación que se había enquistado" con los agricultores de la Corona Norte de Doñana que carecen de derechos legales de riego.

"Gana todo el mundo gana y nadie pierde en este acuerdo", sentenció Moreno Bonilla, quien apuntó que el pacto supondrá "una oportunidad para el desarrollo económico y el progreso social de la zona". "Así tienen que verlo también sus propios habitantes. Sería un error y un problema que las personas que hacen su vida en el entorno de Doñana percibieran el parque como un freno o quizás como un obstáculo a sus aspiraciones legítimas de desarrollo y futuro", indicó.

Con el acuerdo, la Junta de Andalucía impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones de euros en depuración, abastecimiento y embalses, y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización, así como 23,5 millones para el sector pesquero (5 millones para la coquina). A ello se suman medidas ambientales como la compra de 7.500 hectáreas de Veta la Palma para mantenerlas inundadas todo el año.