Así lo explicó la presidenta de Cocarmi, Mercè Batlle Amorós, en un artículo de opinión distribuido públicamente, en el que reclama "más financiación y garantías de continuidad ante situaciones de emergencia".

En el texto, titulado 'Cuando el viento sopla fuerte, se pone a prueba lo que es esencial', Batlle explica que el cierre por motivos de seguridad de centros de día, centros ocupacionales y otros servicios de atención directa, aunque "necesario en un contexto excepcional", tuvo "consecuencias directas y profundas" en la vida de muchas personas con discapacidad y sus familias.

Además, subrayó que cuando estos recursos dejan de funcionar, incluso de forma puntual, el impacto es inmediato sobre las rutinas, la autonomía y la participación social de las personas usuarias, y deja al descubierto una realidad "a menudo invisible".

Advierte de que la interrupción de los servicios repercute de forma directa en el entorno familiar, que difícilmente puede asumir de manera sobrevenida unas necesidades de atención complejas en medio de responsabilidades laborales y problemas de conciliación.

UN PILAR DE DERECHOS

En su artículo, Batlle insiste en que los servicios de atención a la discapacidad no son "un complemento ni un recurso accesorio" sino un pilar fundamental para garantizar derechos, inclusión y calidad de vida. A su juicio, los episodios de viento evidenciaron que muchos centros funcionan con recursos limitados y financiación ajustada, sin margen suficiente para afrontar interrupciones prolongadas o repetidas.

Por ello, desde el Cocarmi "se reclama a las administraciones un compromiso firme y sostenido" que permita reforzar la financiación, mejorar las condiciones de los equipos profesionales y dotar a los servicios de mayor capacidad de respuesta ante emergencias. "Cuando fallan los servicios esenciales, quienes sufren las consecuencias son las personas con discapacidad y sus familias", concluyó la presidenta, quien apeló a una respuesta basada en derechos y justicia social.