Se estima que solo entre 2011 y 2024, más de 100.000 personas desaparecieron en Siria. La gran mayoría fueron detenidas por el Gobierno y encerradas en los llamados centros de detención, y otros miles corrieron una suerte similar a manos de distintos grupos rebeldes.

Bajo el título 'Truth Still Buried: The struggle for justice of disappeared people’s families in Syria' (la Verdad sigue enterrada: La lucha por la justicia de las familias de desaparecidos en Siria), esta investigación se publicó hoy viernes, de cara al día Mundial de las Personas Desaparecidas que se celebra mañana. Documenta cómo familiares desesperados acudieron en masa a centros de detención, prisiones, depósitos de cadáveres y fosas comunes cuando cayó el régimen de Al-Asad.

El informe detalla “la profunda angustia y el trauma renovado” que experimentaron estas personas que, tras años de esperar que sus seres queridos salieran de los tristemente célebres centros de detención y prisiones de Siria, siguen sin respuestas.

Está basado en entrevistas con 21 familiares, supervivientes y representantes de asociaciones de víctimas realizadas entre mayo y junio de 2025. El informe revela “la enorme angustia de las personas que estuvieron detenidas” y de los parientes de quienes siguen en paradero desconocido, ya que “tras la caída del gobierno de Asad, se perdieron o destruyeron pruebas cruciales”. Mientras, las víctimas ven a presuntos perpetradores en libertad.

Asimismo, muestra la lucha que continúan las familias de personas desaparecidas en favor de sus derechos, con actos como el establecimiento de “Tiendas de la verdad” en todo el país. En ellas pueden reunirse en público, honrar a sus seres queridos y exigir justicia. Aunque el nuevo gobierno ofreció un rayo de esperanza, el temor de que los presuntos perpetradores queden libres y de que la búsqueda de los desaparecidos pueda quedar incompleta contribuye a una nueva ola de trauma”, advirtió Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“La verdad, la justicia y la reparación por las personas desaparecidas en Siria deben ser una prioridad urgente del Estado”, exigió. Esto incluye “garantizar la independencia de la recién creada Comisión Nacional para las Personas en Paradero Desconocido (NCM)”, prosiguió, y dotarla de recursos suficientes y de la máxima cooperación de todas las instituciones del Estado. Cada día que pasa, aumenta el tormento de las familias que aguardan respuestas.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha documentado secuestros de personas en los nueve meses transcurridos desde que fue derrocado el gobierno de Asad. Las nuevas autoridades no investigan “sin demora y de forma exhaustiva e imparcial los casos” ni exigen responsabilidades a los perpetradores. Por ello, instó al gobierno sirio a comprometerse con las familias de las víctimas y garantizar su derecho a la verdad, la justicia y reparación.