Este proceso puede durar unos días y también servirá para decidir si la investigación será conducida directamente por Anticorrupción o si es remitida finalmente a la Fiscalía Provincial de Madrid.

Tras esta primera valoración, la Fiscalía puede abrir diligencias, para lo que puede ordenar a la Policía Judicial que compruebe los hechos supuestamente ilícitos denunciados, o decretar el archivo si no aprecia indicios de delito. Si considera que los hechos son delictivos, los remitirá al juez para que instruya un procedimiento basado en todas las informaciones que se hubieran recabado.

Con tres denuncias ya sobre la mesa y el anuncio hecho este lunes por Isabel Díaz Ayuso de que va a remitir al Ministerio Público la documentación acreditativa de uno de los contratos que están bajo sospecha, Anticorrupción tendrá que valorar si existen indicios delictivos y si comienza una investigación, que con toda seguridad supondría le petición de más documentación sobre ese y otros contratos celebrados con empresas relacionadas con Tomás Días Ayuso.

Por el momento, la Fiscalía sólo puede ceñirse al contenido de las denuncias, que este lunes se han ampliado con nuevos datos aportados con los denunciantes. Sólo en caso de abrir formalmente una investigación, el Ministerio Público podrá pedir la investigación complementaria que considere precisa.

Las denuncias planteadas por los tres partidos de la oposición en Madrid sostienen que hubo un irregular cobro de comisiones que podría concretarse en los delitos de tráfico de influencias, cohecho o malversación de caudales públicos.

Según la información facilitada por la propia Díaz Ayuso el pasado viernes, en la Comunidad de Madrid consta un contrato para suministro de mascarillas por el que su hermano cobró 55.850 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, para la que realizó las gestiones para comparar el material sanitario en China y su traslado a Madrid.