En un comunicado, la organización explicó que la construcción de viviendas -ya sean libres, asequibles o de protección oficial- es una actividad intensiva en capital, por lo que “es necesario que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas hagan un esfuerzo presupuestario para triplicar la inversión pública” y llegar a 7.000 millones en el periodo 2026-2030 estableciendo líneas de financiación y ayudas de calado a la vivienda de protección oficial (VPO), que soporta los mismos costes de construcción que la vivienda libre.

LA APCEspaña señaló que este compromiso económico “debe de mantenerse en el tiempo” para paliar el déficit actual y poder equipararse a otros países europeos en esta materia.

Según indicó, en los últimos 15 años, el sector privado es el que ha construido la gran mayoría de viviendas de protección oficial en España (más del 90%) tanto sobre suelo público como privado. “Dejar fuera de los Planes Estatales de Vivienda a la VPO de iniciativa privada es reducir sustancialmente su efectividad para incrementar el parque de viviendas, y eso es algo que no nos podemos permitir en absoluto”, alertó el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana.

La asociación apuntó la necesidad de aflorar y agilizar la transformación urbanística de suelos para que sean urbanizables e incrementar la edificabilidad en las promociones de VPO que se proyecten en los próximos 10-15 años.

Vilajoana instó a aprobar la reforma de la Ley del Suelo para agilizar el desarrollo de los suelos, dado que “tener planeamientos urbanísticos con desarrollos que superan la década y que pueden quedar paralizados otros 15 años por un tema subsanable está paralizando la construcción de viviendas”.

Respecto a la creación de una base de datos pública, los promotores se muestran a favor de la transparencia, pero sin que por ello se demonice a la iniciativa privada.

Por último, mostraron su disposición a reunirse con las administraciones para impulsar herramientas efectivas para incrementar el parque de viviendas.