“Los derechos de las personas con discapacidad deben ser objeto de una política de Estado y apoyarse sobre los más amplios consensos sociales. Por supuesto, apoyaremos la reforma incondicionalmente. Ojalá sea aprobada cuanto antes”, expresó en sus redes sociales. "La reforma del Artículo 49 será una victoria histórica de las personas con discapacidad, de sus familias, y de la sociedad civil organizada”. “No es patrimonio ni mérito de ningún partido. La propuesta, de hecho, debería haber sido presentada por todos los grupos políticos”, añadió.

Con la configuración actual de las Cortes, este apoyo "incondicional" de Sumar desactiva la posibilidad de que la reforma se someta a una consulta pública, ya que el artículo 167.3 de la Constitución señala que, “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”, es decir, 35 diputados o 27 senadores.

Los números no dan si Sumar se compromete a no solicitar un referéndum, puesto que los socios del Gobierno suman, incluyendo a Podemos, 32 parlamentarios en el Congreso –33 con Coalición Canaria– y 20 en el Senado –25 con Coalición Canaria, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y Eivissa i Formentera al Senat–.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de hecho, instó la semana pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a solicitar a Sumar su "renuncia expresa" a la convocatoria de un referéndum "para poder proceder de forma urgente, en el mes de enero, a la modificación de artículo 49”.

PROPUESTA DE PP Y PSOE

Finalmente, PP y PSOE registraron este viernes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley conjunta en la que se plasma el acuerdo entre ambos para reformar definitivamente el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término "disminuidos".

El acuerdo entre ambos partidos “incluye un calendario de tramitación de la citada proposición de reforma constitucional con el objetivo de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024”. El texto se tramitará así de manera urgente y por lectura única, de manera que bastaría con un solo debate en Pleno para su aprobación.

La reforma, además, hará que el artículo 49 recoja que “las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas” y que “se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”.

También que “los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Y, "asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca", atendiendo "particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.