La iniciativa, debatida durante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid, fue presentada por Vox y contó con el apoyo de Podemos, PSOE y Más Madrid, así como con el voto en contra del PP.

De esta manera quedó aprobada, por lo que la Asamblea regional insta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aumentar la inversión en vivienda tutelada específica para las personas con discapacidad intelectual. Durante su exposición, el portavoz de Vox José Ignacio Arias defendió que este tipo de viviendas “son una alternativa para llevar una vida autónoma”, ya que refuerzan la “independencia, integración y autoconfianza” de las personas con este tipo de discapacidad.

“Todos los esfuerzos que hagan los Gobierno son insuficientes”, afirmó Arias, porque las inversiones en viviendas tuteladas “quitan un peso a los padres” que “continuamente se preocupan por el futuro de sus hijos con discapacidad cuando ellos no estén”.

A FAVOR

Por su parte, la portavoz de Podemos Paloma García adelantó en su intervención su apoyo a la propuesta, con el argumento de que las personas con discapacidad intelectual “prefieren vivir en una casa antes que vivir en una residencia”. En ese sentido, se mostró a favor de su emancipación, y de que “estas personas estén incluidas en la sociedad como se merecen y sean capaces de “manejar una casa y llevar su contabilidad”. La portavoz también señaló que los pisos tutelados “tienen que estar subvencionados por la Comunidad de Madrid", y criticó que la Oficina de Vida Independiente, de la que “tanto habla Ayuso”, solo sea un proyecto piloto y deje fuera, en concreto, a las personas con discapacidad intelectual.

En cuanto al PSOE, la portavoz Sonia Conejero anunció su apoyo al igual que Podemos, y agradeció a Vox “haber traído" esta iniciativa. Así, lamentó que las personas con discapacidad intelectual “sigan excluidas de muchos ámbitos” de la vida y afirmó que la discriminación “está presente todavía”. Por tanto, “uno de los actuales retos es la vida independiente y autónoma de las personas con discapacidad intelectual”, motivo por el que el partido dio su voto a favor.

Más Madrid puso el “pero” a esta proposición, a pesar de que votó favorable. Su portavoz Diego Figuera aseveró estar “a favor" de este colectivo y manifestó su apoyo “con algunas reticencias”. “Es bueno favorecer a las familias”, pero la iniciativa de Vox es “un poco paternalista”. Además, pidió al portavoz Arias que la palabra “deficiencia intelectual” se sustituya en el texto por “discapacidad”, al tildar de “antiguos” ese tipo de calificativos.

Figuera también puso el foco en otra de las propuestas de la proposición no de ley aprobada, como es la creación de un registro de las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en lista de espera “en los centros de día o en las viviendas tuteladas”, porque al fin y al cabo es una “cuestión de transparencia” que evita que “solo las familias pudientes sean las que paguen estas dependencias”.

EN CONTRA

El PP, sin embargo, no votó a favor por tener “discrepancias” con “todos los puntos de la propuesta”, según la portavoz popular Ana Dávila-Ponce. De esta forma, indicó que aunque Vox “habla de favorecer la autonomía” en su texto, “luego insta al Gobierno a hacer cosas “muy encorsetadas” que abogan más “por el proteccionismo de la familia”. “Hay cosas en las que estamos de acuerdo”, reconoció, pero otras “no se pueden hacer como están planteadas”, lo que obligaría a hacer “una redacción completa de los puntos propuestos”.

Junto con un aumento de la inversión en vivienda tutelada, la Asamblea también pide, a partir de la aprobación de la propuesta de Vox, favorecer y aumentar las ayudas a familiares o cuidadores responsables de personas con discapacidad intelectual, así como crear ayudas específicas que compensen la pérdida de nivel adquisitivo por pérdida de la actividad laboral en esas familias. A esto se añade la exigencia de una mayor inversión en sus centros de día, así como la publicación en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid los criterios utilizados para la adjudicación de plazas para centros de día y viviendas tuteladas.