Así lo avanzó en un comunicado emitido tras conocerse que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, iniciará una investigación para conocer el grado de protección que tienen los usuarios de estos créditos.

Por lo que se refiere a los contratantes con discapacidad o con algún problema de salud mental, urgió a “velar” por una “especial protección” para los mismos y admitió que le “preocupan ciertas contrataciones” que se están produciendo y que “complican la situación económica de estos consumidores” pero también de sus familias, que tienen que afrontar los pagos “en muchos casos”.

En cuanto a la investigación iniciada por Gabilondo, la juzgó “positiva”, si bien defendió que “llega tarde”.

“Esta investigación llega tarde en tanto que, aun siendo positiva, se han generado multitud de problemas para los consumidores dados los elevados tipos de interés que tienen que soportar en estos contratos”, abundó, para denunciar que, “en algunos casos, se supera el 25% de interés”, lo que, a su entender, “los hace tremendamente gravosos para el consumidor que tiene que recurrir a ellos”.

REGULACIÓN CLARA

Además, según su criterio, es necesario “regular claramente” la información que debe recibir el consumidor con carácter precontractual.

En este sentido, subrayó que, según determinadas consultas y reclamaciones que le han trasladado los consumidores, la información recibida antes de firmar los contratos “es mínima y parcial”.

“Una regulación de la misma en idénticas condiciones a cuando se firma una hipoteca, por ejemplo, sería muy positivo para paliar esas carencias informativas”, sentenció.

Por todo ello, advirtió de que estará “muy atenta” a los resultados de esta investigación para, “en base a sus conclusiones”, trasladar al Gobierno sus “propuestas de regulación”.