Durante un acto con motivo del 40 aniversario de la Lismi, Gallego sostuvo que las mujeres con discapacidad presentan más posibilidades de no ser “ciudadanas de pleno derecho”, en comparación con la población general y con los varones con discapacidad. “Tienen mayor exclusión y vulnerabilidad, mayor pobreza y más riesgo de sufrir violencia”, detalló.

Apuntó hacia la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU, que hace específica mención a las mujeres y niñas en varios de sus artículos y que pide a los Estados actuar para atajar esta brecha de participación.

Por ello, al estar recogido en un tratado internacional, Gallego consideró “de obligado cumplimiento” este mandato en el ordenamiento jurídico de España, “incluyendo, claro, su Carta Magna”.

A su juicio, la reforma del artículo 49 “servirá para paliar esta desigualdad, con el objetivo de que mujeres y niñas puedan disfrutar y ejercer plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales”.

La presidenta de Aspaym también defendió la participación de las entidades representativas de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones.

“Estas organizaciones recogen las demandas y necesidades de la ciudadanía para elevarla a las políticas”. “¿Quién mejor que estas asociaciones para conocernos y darnos voz?”, concluyó.