La iniciativa, aprobada recientemente por la Mesa de la Cámara, busca “compatibilizar la protección patrimonial del Palacio con el derecho a la igualdad” y a la participación política en condiciones no discriminatorias.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, subrayó que este plan supone “un hecho histórico para nuestra sociedad y nuestras instituciones públicas” y responde a una reivindicación sostenida durante años por el movimiento asociativo de la discapacidad. “Acercar esta institución a la gente, a la sociedad, siempre ha sido el mantra que me gustaría que latiera bajo todas mis acciones”, afirmó, al tiempo que defendió que mejorar la accesibilidad es clave para “abrir la institución a la ciudadanía” y garantizar su carácter democrático.

Armengol puso el acento en que la accesibilidad “es una herramienta fundamental contra la discriminación” porque elimina barreras y permite ejercer derechos en igualdad de condiciones. En este sentido, destacó que las actuaciones previstas permitirán que cualquier persona con discapacidad pueda acceder al hemiciclo, intervenir desde la tribuna, formar parte de la Mesa o incluso ocupar un escaño en el Gobierno “en condiciones igualitarias al resto, en condiciones no discriminatorias”.

El plan contempla mejoras en accesos, señalización, circulación interior, aseos y espacios singulares, además de intervenciones en el propio hemiciclo, uno de los puntos más simbólicos y complejos por su valor histórico. También prevé la adaptación de nuevos espacios como el patio de Floridablanca para ganar funcionalidad y accesibilidad. Todo ello, respetando el carácter protegido del edificio y en colaboración con entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación ONCE y el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, valoró la iniciativa como una corrección necesaria de una “deuda histórica” y advirtió de que la falta de accesibilidad no solo limita derechos, sino que envía un mensaje excluyente. “¿Qué le estamos diciendo a un diputado o diputada con discapacidad si encuentra barreras para ejercer su función?”, planteó.

Pérez Bueno defendió que la accesibilidad es una condición básica para el ejercicio de derechos fundamentales y para la participación política real. “No se puede comprometer el derecho a la participación política por razones de accesibilidad”, insistió, al tiempo que reclamó soluciones incluso en entornos complejos desde el punto de vista patrimonial. A su juicio, este plan demuestra que “hay soluciones incluso en los entornos más difíciles” y que la protección del patrimonio es compatible con la inclusión.

Además, puso en valor el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil, destacando que el movimiento de la discapacidad “aporta conocimiento y soluciones” para transformar los entornos. “Podremos decir que este Palacio se parece más a la sociedad a la que representa, donde nadie puede ser excluido y todos tienen plena posibilidad de participar”, concluyó.

En la misma línea, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, incidió en el valor simbólico y práctico de la iniciativa, al considerar que sitúa a las instituciones “al servicio de la ciudadanía” y no al contrario. “No es concebible que la casa de la democracia tenga barreras que impidan la participación”, afirmó.

Martín Blanco reconoció que durante años estas limitaciones han transmitido la idea de que las personas con discapacidad quedaban fuera de espacios clave de decisión. “Duele cuando se nos deja fuera”, señaló, recordando situaciones vividas por representantes públicos con discapacidad. Por ello, celebró que este plan contribuya a “normalizar” la presencia y participación en igualdad.

Asimismo, destacó los avances legislativos en marcha, como la futura reforma de las leyes de discapacidad, que convertirá la accesibilidad en un derecho exigible y no solo en un principio. “La accesibilidad no es solo la llave para entrar, sino la garantía para participar y ejercer derechos”, subrayó.

El arquitecto conservador del Congreso y responsable del proyecto, Fernando Calvo, explicó que el plan busca “alcanzar el máximo nivel posible de accesibilidad universal” respetando al mismo tiempo la singularidad del edificio. Según detalló, se trata de un enfoque integral que abarca desde el entorno exterior hasta los espacios interiores, incorporando soluciones tecnológicas y criterios de diseño inclusivo.

Calvo destacó que se ha trabajado bajo principios como la “reversibilidad” de las intervenciones, la “proporcionalidad” y el “respeto al patrimonio”, combinando innovación y conservación. Entre las medidas, mencionó mejoras en señalética, sistemas de información accesibles, adaptación de recorridos y creación de nuevos espacios de recepción más funcionales.

También hizo referencia al concepto 'Dalco' (deambulación, aprehensión, localización y comunicación), que guía el diseño de entornos accesibles, garantizando que cualquier persona pueda orientarse, moverse, comprender y utilizar los espacios en igualdad de condiciones. “La accesibilidad debe entenderse como un sistema global”, apuntó.

El plan se ejecutará por fases en los próximos meses y algunas actuaciones requerirán la autorización del Ministerio de Cultura debido a la protección del edificio. No obstante, desde el Congreso confían en que este proceso marque “un antes y un después” en la historia de la institución.