Así lo indicó en el webinar ‘Cómo afecta el límite del 2% al alquiler de viviendas. Opciones para reclamar una compensación’, que también contó con la participación del director general del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo; la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, y la abogada de TKL Abogados, Leire Aya.

Andreu señaló que a la patronal, presidida por el exministro socialista y alcalde de Barcelona, Joan Clos, les parecía “tan grave” los efectos de la medida aprobada por el Gobierno como parte del escudo social tras el estallido de la guerra de Ucrania que han estado “trabajando” para analizar como podían “encabezar una iniciativa” para que los propietarios pudieran solicitar “algún tipo de compensación”.

Asval, que inició su actividad en el año 2020 y cuenta con más de 48.000 viviendas en cartera, cuenta con el apoyo de empresas del sector como Aedas, Iante, Neinor, Servihabitat, portales como Idealista y Fotocasa o la patronal de promotores inmobiliarios APCE.

La abogada Leire Aya y la directora general de Asval explicaron el procedimiento por el cuál tratarán de ayudar a los propietarios que quieren reclamar al Estado. La jurista explicó que se trata de un supuesto de irresponsabilidad patrimonial ya que consideran que la medida es “antijurídica” por estar vulnerando la propiedad privada y la seguridad jurídica, por lo que un ciudadano “no tiene el deber de soportar esta carga”.

Aya subrayó que creen que hay “base” para la reclamación pues consideran que se trata de un daño efectivo, individual y que se puede calcular. “No es una hipótesis”, explicó, subrayando que, por el momento, se podrían reclamar los contratos renovados entre los meses de marzo y septiembre, pero no los del año que viene, a pesar de la anunciada prórroga de la medida hasta el 31 diciembre de 2023.

Andreu ejemplificó que si un arrendador cobraba una renta de alquiler de 1.000 euros y tuvo que renovar cuando la inflación se situaba en el 10%, ha dejado de percibir unos 80 euros al mes, pues la subida solo habría sido de 20 euros. “La cuantía que se puede reclamar es de 80 euros por los 12 meses de vigencia del contrato”, indicó.

A este cálculo habría que sumar los contratos de alquiler, así como las facturas en las que se ponga de manifiesto la diferencia entre la renta que se está percibiendo y la que se podría haber recibido en caso de haber incrementado el alquiler ajustado al IPC, tal y como establece la ley.

Asimismo, Andreu apuntó que Asval facilitará a sus asociados el formulario que requiere la Administración para la reclamación y recopilará hasta el 15 de diciembre los de todos aquellos propietarios que lo requieran para presentarlos en registros de la Administración.

Así, señaló que, al principio, valoraron presentar la reclamación ellos mismos, pero como asociación no son “perjudicados, por lo que aseveró que “cuantos más formularios presentemos, más garantías hay de que prospere ante una medida que ha sido impuesta”.