Sobre esa consulta, el despacho de abogados Statera Legal solicitó la medida cautelarísima de suspensión de su utilización el pasado 30 de mayo. Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dicta un auto en el que no aprecia la urgencia necesaria para adoptar dicha medida.

Mientras tanto, el Gobierno podrá seguir evaluando las condiciones que debe cumplir la operación mientras la Sala estudia el fondo de la cuestión o la suspensión solicitada con más detenimiento.

Statera Legal presentó un recurso contra la consulta pública por considerar que se ha llevado a cabo sin cobertura legal y con diferentes “defectos formales de gravedad” y porque una consulta de estas características no tiene cabida en el ordenamiento jurídico. La Audiencia Nacional requirió a la Administración para que presentara alegaciones.

El Ministerio de Economía está preparando un informe en el que recogerá las conclusiones extraídas de esa consulta, y en las que el Gobierno pretende apoyarse para tomar una decisión sobre la opa. El plazo para que el Ejecutivo dé a conocer su posición sobre esta operación expira el 27 de junio.

Algunos miembros del Consejo de Ministros se han mostrado reticentes a esta opa y su postura es decisiva para la viabilidad de la misma puesto que las condiciones que establezca al proceso de integración pueden hacer inviable la operación.

El auto ha sido adoptado por mayoría y cuenta con el voto discrepante de uno de los magistrados, que se pronunció a favor de la cautelarísima. La Sala considera que la petición no reviste el carácter de urgencia sobre competencias ya ejercitadas por el departamento que dirige Carlos Cuerpo y prefiere esperar a ver cómo utiliza el Gobierno el resultado de la consulta pública para establecer condiciones a la opa amparadas en “el interés general” y distintas a las que establece la Ley de Defensa de Competencia.