Así lo puso de manifiesto este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con motivo de la conmemoración mañana del Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+.

En 2023, España registró un máximo histórico de solicitudes de protección, con un total de 163.220, un 37% más que en 2022.

A su vez, un total de 167.366 personas recibieron el estatuto de refugiado en España por la persecución por orientación sexual que viven en sus países en 2024, un 2,5% más que en 2023.

A ello se añade que en la primera mitad del año la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior ha registrado alrededor de 65.000 solicitudes, mayoritariamente de personas de nacionalidad venezolana, colombiana y peruana. El resto de las nacionalidades mayoritarias proceden de África subsahariana, especialmente de Mali, cuya guerra civil se ha recrudecido en los últimos meses.

Todo ello evidencia que el 11,4% de las personas refugiadas que viven en España se les ha concedido el estatuto de refugiado por la persecución por orientación sexual que viven en sus países.

Ante estos datos, la titular de este departamento, Elma Saiz, celebró que “España es reconocida internacionalmente como un país respetuoso con los derechos humanos y en particular con los derechos y libertades del colectivo lgtbiq+”.

Para optar al estatuto de refugiado, se ha de reconocer la pertenencia a un “grupo social determinado”, según lo establecido en la Convención de Refugiados de 1951, que define el término ‘refugiado’, describe sus derechos y establece las obligaciones de los Estados de recogerlos.

Cabe recordar que el número de personas a las que se ha reconocido el estatuto de refugiado por motivos de orientación sexual ha aumentado en las últimas décadas en todo el mundo, una realidad que llevó a Elma Saiz a indicar que “pertenecer al colectivo lgtbiq+ no es una vulnerabilidad por sí sola, pero cuando una persona entra en nuestro sistema de protección internacional tenemos muy en cuenta sus necesidades específicas, por lo que se siguen las recomendaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dirigidas a este colectivo”.

Según la ONU, en alrededor de 80 países las leyes criminalizan las relaciones privadas consentidas entre personas del mismo sexo; mientras que en al menos otros cinco países estas personas pueden ser condenadas a muerte.