La iniciativa, respaldada por todos los grupos políticos de la Eurocámara, busca “garantizar que este documento común europeo elimine las barreras” que actualmente “dificultan acreditar la situación de discapacidad” en distintos Estados miembros.

La confederación compareció este jueves ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, acompañada por Autism Europe, para reclamar que el desarrollo de la tarjeta “tenga en cuenta la realidad específica del autismo y asegure una protección homogénea” en toda la Unión Europea.

Entre las principales demandas trasladadas a las instituciones europeas figuran el reconocimiento explícito del autismo dentro del sistema europeo de discapacidad, la consideración de diagnósticos oficiales y necesidades de apoyo más allá de los certificados administrativos, la equivalencia real de derechos entre países y la implantación de procedimientos accesibles y sin barreras burocráticas.

La petición se remonta a 2022 y ya motivó en 2023 una resolución aprobada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para avanzar en la armonización de derechos de las personas con autismo en la UE. Sin embargo, Autismo España consideró que todavía “persisten importantes desafíos en el diseño y aplicación práctica de la futura Tarjeta Europea de Discapacidad”.

La entidad destacó además el amplio consenso político alcanzado en torno a esta iniciativa en un contexto europeo marcado por la polarización. Desde la organización valoraron especialmente el respaldo mantenido por los distintos grupos parlamentarios europeos durante todo el proceso de tramitación.

Aprovechando su presencia en Bruselas, representantes de Autismo España mantuvieron reuniones con eurodiputados de diferentes grupos políticos para trasladarles las principales reivindicaciones de las personas autistas y sus familias. Entre ellos participaron Rosa Estarás Ferragut, Idoia Mendia Cueva, Margarita de la Pisa Carrión y Ana Miranda Paz.

La organización subrayó que la libre circulación dentro de la Unión Europea no puede suponer “una pérdida de derechos” para las personas con discapacidad y defendió la necesidad de “construir un marco europeo más inclusivo, accesible y coherente con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.