Según el Gobierno, supone una “refundación” del modelo de cuidados en España, ofreciendo “más derechos, servicios y prestaciones y menos burocracia” para las personas en situación de dependencia y las personas con discapacidad, como la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y el establecimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo, además de “blindar” la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando en la ley la “obligación” de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión.

Durante su intervención desde la tribuna en defensa de la iniciativa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, celebró que en esta sesión “culmina” la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia “después de tres años de durísimo trabajo por parte del ministerio y por parte de esta cámara también, aunque la historia es mucho más larga” y recordó que la “histórica” reforma constitucional del artículo 49 “mandató al Gobierno y a esta cámara para hacer lo que hoy está culminando", esto es "mandar al Boletín Oficial del Estado la que es la mayor reforma social en décadas en este país”.

Tras afirmar que el Gobierno se ha “dejado la vida en llegar a este día”, se mostró “plenamente consciente de que si esto está sucediendo hoy aquí, si hemos llegado hasta aquí, es gracias al trabajo del Cermi, de la ONCE, de Cocemfe, de Plena Inclusión, de Ceafa, de Ceoma”, entre otras entidades y organizaciones y “del tercer sector en su conjunto”, a quienes quiso “agradecer y reconocer su labor” y trasladar su “admiración por haber sabido ejercer de manera ejemplar la responsabilidad y el papel que las organizaciones sociales tienen en una democracia”.

En este contexto, ante la mirada de una treintena de representantes del colectivo de la discapacidad incluyendo Cocemfe, ConELA, Autismo España, Plena Inclusión, además del director general de Discapacidad, Jesús Martín Blanco y la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez Narváez, el ministro lamentó que en esta legislatura no se haya “teñido de verde” el arco parlamentario “entero” porque “siempre ha habido una excepción, que es la ultraderecha que ha votado en contra sistemáticamente de cada una de estas reformas”.

En la misma línea, aseguró que “por muy grande que sea el crucifijo que lleven, qué malos cristianos son; por muy grande que sea la banderita que lleven, qué malos patriotas son” y, en relación al PP, dijo que “unas veces ha estado en el verde, otras en el amarillo, a veces lo han apoyado, otras se han abstenido”.

“En el Senado, sin negociar ni hablar con el Gobierno de nada han añadido un montón de cuestiones, algunas importantísimas, otras incomprensibles y es evidente que en el planteamiento aquí hay la voluntad de generar hoy un choque en el que yo no voy a entrar”, apostilló, al tiempo que se comprometió a sacar adelante “con el mayor consenso posible y de la manera más coherente posible” la “cuestión de la Cume y otras tantas necesidades acuciantes” que “han quedado aparcadas porque no han querido ni siquiera sentarse a hablar de la Ley de familias” y ello “sin instrumentalizar ni utilizar como arma arrojadiza cuestiones tan absolutamente imprescindibles, urgentes y necesarias”.

Por el PP, Violante Tomás puntualizó que “un derecho no comienza cuando se publica en el BOE, sino cuando llega a la vida de una persona y la dignifica” y exigió que "esos derechos sean reales y saber quién los va a financiar y cuándo van a poder disfrutarlos las personas que lo necesitan, porque reconocer un derecho y garantizarlo es muy diferente”.

A continuación, explicó que las 45 enmiendas presentadas por el PP pretendían “mejorar la vida de las personas” con “más libertad, más dignidad, menos barreras y menos impuestos” y aseguró que, entre otras cuestiones, la formación de Feijóo “asegura” la equiparación en términos tributarios de la discapacidad con la dependencia; fortalece la atención temprana con coordinación “real” entre sanidad, educación y servicios sociales, además de intentar rebajar el IVA al 4% para obras de accesibilidad en la vivienda y en zonas comunes y para la reparación de sillas de ruedas y vehículos.

Por el PSOE, Inés Plaza también dio las “gracias” a las organizaciones del sector, consciente de que, “sin su trabajo nunca hubiera sido posible esta ley” y criticó que, durante “toda” la tramitación en la Cámara Baja el PP “se negó a negociar” y “no estuvo absolutamente en nada”. “Pero les llega la ley al Senado y qué casualidad, ahí sí están y con su mayoría absoluta introducen enmiendas para darle la vuelta como un calcetín”, denunció, convencida de que los ‘populares’ usan la Cámara Alta “como si fuera su cortijo”.

Tras advertir de que, entre otras cuestiones, pretendían “cargarse la educación inclusiva y retroceder 40 años”, estimó que “lo más grave” es que, “de manera oportunista” introdujeran enmiendas sobre la Cume “sin tener en cuenta” que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, está “negociando con las familias, a las que lanzó un mensaje “tranquilizador”.

Desde Vox, Juan José Aizcorbe denunció el “optimismo utópico” del Ejecutivo en relación a “un proyecto tan sensible”, consciente de que “también se puede caminar por consenso hacia el precipicio” y afirmó que "tendrá difícil explicar" el veto a ampliar las ayudas Cume por cuidado de menores afectados por enfermedad grave.

En el extremo opuesto, por Sumar Lander Martínez defendió que se trata de “uno de los hitos más importantes de la legislatura en materia social” así como un “avance” que “no solo mejora la vida de millones de personas con discapacidad o dependencia o de sus familias”, sino que supone una “transformación” del sistema de cuidados “que nos toca a todos” que definió como una “norma de país”.

Por ERC Jordi Salvador dio su “aplauso a medias” a la reforma porque, entre otras cosas, no incluye la prestación por Cume y por Junts Pilar Calvo criticó que el Gobierno haya bloqueado la enmienda que recogía las peticiones de estas asociaciones, al tiempo que señaló que el Ejecutivo ha vetado también la enmienda relativa al copago de los servicios a “las personas en una situación de dependencia extrema”.

Por Bildu, Marije Fullaondo acusó al texto de “falta de valentía” ya que no resuelve “deudas históricas” con colectivos como el de las esterilizaciones forzadas y desde el PNV Nerea Rentería mostró su "rechazo más rotundo" al veto a la prestación Cume, que ve "incoherente” y “una falta de respeto a las familias afectadas” y también al trabajo parlamentario.

Por Podemos, Noemí Santana reconoció que la ley “contiene avances importantes”, si bien advirtió de que un derecho “no es real si la financiación no llega, si no llega a tiempo y si depende de si vives en un lugar u otro” y de que “detrás de cada expediente hay una persona”, consciente de que “no podemos pedir a las familias que tengan más paciencia” mientras que por el BNG Nestor Rego afirmó que la aprobación “es una muy buena noticia” y que, aun pudiendo ser más ambiciosa la reforma “amplia las prestaciones, facilita la compatibilidad, mejora la asistencia personal”.