La Confederación consideró esta su principal demanda dentro de las aportaciones presentadas al proyecto de Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Según explicó la directora de Incidencia Política y Social de Autismo España, Paloma Rodrigo Gutiérrez, solo una de cada diez personas con autismo tiene un empleo, por lo que alrededor del 90% está desempleado.

“Disponer de un empleo es un derecho esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo personal, la participación social y el acceso a una vida independiente”, señaló.

Autismo España propuso que las plazas reservadas para personas autistas sin discapacidad intelectual se cubran mediante “pruebas selectivas específicas e independientes”, adaptadas a las características y necesidades del colectivo.

La entidad recordó que el diagnóstico de autismo “no implica necesariamente discapacidad intelectual” y señala que muchas personas autistas con un grado de discapacidad reconocido no pueden acceder a los procesos reservados a personas con discapacidad intelectual, pese a que pueden necesitar adaptaciones y apoyos durante las pruebas y en el desempeño del puesto.

“Esta situación obliga a muchas personas a concurrir a través del cupo general de discapacidad o del turno ordinario, donde sus necesidades no siempre se encuentran suficientemente contempladas”, afirmó Rodrigo.

La Confederación defendió que esta vía específica no supondría equiparar autismo y discapacidad intelectual, sino “reconocer la diversidad dentro del espectro y garantizar la igualdad de oportunidades manteniendo los principios de mérito y capacidad”.

Junto al cupo específico, Autismo España reclamó una definición objetiva de la “capacidad funcional” y que esta se valore individualmente, atendiendo a las funciones esenciales del puesto y teniendo en cuenta los ajustes razonables.

La entidad advirtió de que una interpretación desigual de este concepto puede provocar “exclusiones basadas en la existencia de una discapacidad”, en lugar de “en la capacidad real para desempeñar las funciones del puesto”.

Asimismo, pidió garantizar la accesibilidad universal y cognitiva durante todas las fases de los procesos selectivos, con medidas como lenguaje claro, adaptación de espacios y tiempos, reducción de estímulos y apoyos para comprender las distintas fases del procedimiento.

La Confederación señaló que más de la mitad de las entidades consultadas indican que las personas autistas no suelen solicitar adaptaciones, incluso cuando podrían necesitarlas.

Por último, reclamó que la compatibilidad con el puesto se valore “después de considerar las adaptaciones necesarias”, para evitar que la falta de adecuación del entorno laboral se traduzca en una declaración de incompatibilidad.