Entre esos hechos, la AVT cita la absolución del abogado de HB Alvaro Reizábal por parte del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Nacional le condenara a tres años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Miguel Jaureguiberri y señala que con este caso ocurrió lo contrario que con el arzipreste de Irún José Ramón Treviño, al que el Alto Tribunal le dobló la condena impuesta por la Audiencia Nacional.

También recuerda la concesión de la liberad a José Antonio de la Hoz Uranga, abogado de HB que fue condenado por colaborar con ETA en otro secuestro, el del industrial Andrés Gutiérrez Blanco.

Víctimas del Terrorismo señala además que la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de la causa seguida contra el dirigente batasuno Rafael Díez Usabiaga y destaca que "es significativo" que el instructor de esta causa en el Alto Tribunal fuese el actual fiscal general del Estado, Carlos Granados, y "lo primero que ha sucedido después de su nomramiento haya sido que el fiscal de la causa pida que se archive".

Indica, asimismo, que el juicio consecuencia de la operación de Sokoa se celebró el pasado mes de julio con sólo dos de los 56 procesados lo que, en su opinión, es debido a que el Gobierno español envió a la República Dominicana a parte de los encausados, el Gobierno de Uruguay se negó a conceder la extradición de otros y las autoridades francesas tienen en la calle a otra gran parte, entre ellos los encargados de las finanzas de ETA. Finalmente, agrega que en ese periodo se abrió un expediente disciplinario y se negó la renovación de contrato a una fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba temas relacionados con el aparato político de ETA; fueron reinsertados 13 etarras con delitos de sangre y la reforma del Código Penal "olvida a las víctimas del terrorismo y de los delitos violentos en general, por lo que se ignora el principio de igualdad procesal contemplado en la Constitución".