Esta ley, que entrará en vigor mañana, transpone al ordenamiento jurídico español, entre otras, la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, norma que busca introducir exigencias de accesibilidad mínimas para determinados bienes, productos y servicios a fin de asegurar la no discriminación de las personas con discapacidad.

Durante su tramitación en las Cortes, la ahora ley incorporó numerosas enmiendas de mejora resultado de propuestas realizadas a los grupos parlamentarios por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Con sus sugerencias de enmiendas, la plataforma representativa global de la discapacidad pretendía reforzar y hacer más exigentes, en su transposición al Derecho interno español, los contenidos de la Directiva (UE) 2029/882, ya que los Estados, respetando los mínimos de la Norma europea pueden mejorarla dotándola de prescripciones de accesibilidad universal más intensas.

Entre las cuestiones incluidas a demanda del Cermi están la prohibición de los espectáculos públicos, comprendidos los taurinos, que denigren a las personas con discapacidad; la regulación legal de los Centros de Documentación e Investigación en Discapacidad y de Trastornos del Espectro del Autismo; la ampliación del Fondo Reina Letizia a cuestiones de accesibilidad universal; la incorporación de la Lengua de Signos Española a la publicidad en soporte audiovisual de la Administración General del Estado o el mandato al Gobierno para reformar el reglamento del Real Patronato sobre Discapacidad para adaptarlo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros avances normativos.