En su intervención inicial ante la Comisión de Justicia del Senado, Bolaños indicó que esta reforma supondrá un cambio histórico tras 143 años de vigencia de la actual ley, al tiempo que adaptará un modelo de instrucción penal que "ya existe en toda Europa, excepto en España y Andorra".

Indicó que la nueva Lecrim incorporará "avanzadas herramientas" de lucha contra la criminalidad, incluyendo la regulación de investigaciones mediante marcadores de ADN, tratamiento automatizado de datos y actuaciones en entornos digitales.

El titular de Justicia reiteró que esta reforma permitirá garantizar mejor los derechos de las personas inmersas en causas judiciales y adaptará la legislación procesal penal a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI. Además, sostuvo que el actual Gobierno está llevando a cabo “la mayor transformación de la Justicia en décadas”.

REFORMA "AMBICIOSA"

Bolaños defendió que esta agenda reformista es "ambiciosa pero factible" y "necesaria" para quienes quieren que la Justicia sea "un motivo de orgullo" para el Estado de derecho y no "una queja recurrente de la ciudadanía".

El ministro subrayó que "el reformismo es la única opción sensata" mientras que "el inmovilismo es la vía segura al fracaso y a la cronificación de la insatisfacción ciudadana respecto a la Justicia".

Durante su intervención, destacó que estas reformas han sido intentadas por ministros "de todos los colores políticos" y llamó a un "gran consenso de país" para sacarlas adelante y adaptar la Justicia al siglo XXI.

El titular de Justicia resaltó que en los últimos ocho años el Gobierno ha multiplicado por doce el gasto en Justicia hasta alcanzar el 25% (unos 420 millones de euros) del presupuesto total.

MÁS JUECES Y FISCALES

Además, señaló que se han convocado casi el doble de plazas de jueces y fiscales que con el último Gobierno del PP, de forma que se ha pasado de 750 a 1.400 plazas.

El ministro explicó que ya está en tramitación parlamentaria la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que desvinculará el mandato del fiscal general del Estado de la constitución de los Gobiernos tras las elecciones.

Detalló que se establecerá un mandato de cinco años sin posibilidad de renovación y se prohibirán expresamente las interferencias de Gobiernos central y autonómicos en causas concretas.

También anunció que se reforzará la autonomía organizativa de la Fiscalía, transfiriendo competencias como el nombramiento y ascenso de fiscales desde el Ministerio a la propia Fiscalía General del Estado.

El responsable de Justicia destacó los avances en digitalización, señalando que España se sitúa en los puestos de cabeza de la UE en el uso de tecnologías digitales, por encima de países como Francia o Italia.