Así lo avanzó durante su primera comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, en la que intervino a petición propia y de PP y Vox con el objetivo de informar sobre las líneas generales de la política de su departamento para la presente legislatura, así como del Grupo Mixto para exponer sus propuestas con las que responder “especialmente” a las demandas de Canarias.

Por lo que respecta a la dependencia, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reconoció una “infradotación presupuestaria crónica” frente a la que se comprometió a seguir la “senda de crecimiento” emprendida por el actual Gobierno hasta que la aportación de la Administración General del Estado represente “el 50% del total".

No obstante, explicó que este "aumento" de financiación estará "estrechamente vinculado" a un "cambio integral" del modelo de cuidados de larga duración, para lo cual pondrá en marcha un plan “articulado en cuatro puntos fundamentales”, como son la “modificación” de la Ley de Dependencia; el seguimiento y cumplimiento del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y la aprobación de la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y de la Ley de Cuidados.

Por lo que se refiere a la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, explicó que, con ella, entre otras cuestiones, “se reconocerá el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo, se mejorará la definición de la ayuda a domicilio y se incorporará la accesibilidad universal como principio rector”.

Por su parte, el Acuerdo de Acreditación y Calidad ya está “permitiendo”, a su entender, “impulsar un nuevo modelo de residencias”, mientras que en el caso de la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, adelantó que estará diseñada para avanzar hacia un modelo de apoyo “personalizado y comunitario”.

Tras resaltar el carácter “innovador y pionero de este programa” que, aseguró, “tiene pocos precedentes a nivel continental” y coloca a España “a la vanguardia de este cambio del modelo de cuidados”, aseveró que, en el marco de esta “transformación” se va a “activar” la mesa del diálogo social de la dependencia para “abordar” la situación laboral de las trabajadoras del sector.

En cuanto a la Ley de Cuidados, afirmó que “permitirá mejorar la situación tanto de las personas cuidadoras, como de las propias personas cuidadas”, convencido de que España “puede y debe asumir un papel de liderazgo y referencia” en la “transformación del sistema de cuidados”.

LEY DE FAMILIAS

Junto a ello, puntualizó que “en las próximas semanas” su departamento iniciará la tramitación del anteproyecto de Ley de Familias, que, a su juicio, “servirá” para abordar la situación de las familias en España, que juzgó “una necesidad urgente”. En este sentido, calificó como “retos de país que es fundamental abordar de inmediato” el reconocimiento jurídico de la “diversidad familiar” que hay en España y la “infrafinanciación estructural de la protección social a las familias y la infancia”.

Los “tres objetivos principales” de la norma son “apoyar y proteger a las familias con el foco puesto en la lucha contra la pobreza infantil, reconocer la diversidad familiar e impulsar la conciliación” y, tras detallarlos, apostó también por “trabajar” para “ampliar la deducción por maternidad hasta los seis años ampliando su cobertura”.

“Es un objetivo inmediato, parcial, insuficiente, pero necesario”, añadió, convencido de la “absoluta necesidad y urgencia” de adoptar una prestación universal por crianza. “Es una excepción incomprensible en Europa que España no tenga prestación de estas características y será prioridad de mi trabajo dar todos los pasos necesarios para resolver esa anomalía”, sentenció, para defender la importancia de “garantizar el apoyo a todas las familias, sean como sean, provengan de donde provengan".

Por lo que respecta a la conciliación, además de la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas y la retribución del permiso para el cuidado de hijo a cargo hasta los ocho años de forma progresiva, Bustinduy señaló que el Ejecutivo quiere ir “más allá” con el fin de que las familias estén “acompañadas por profesionales durante los primeros años de edad de las niñas”, mediante el “impulso” de medidas como la educación de 0 a 3 años y la articulación de un marco común de atención temprana.

LEY DE SERVICIOS SOCIALES

Otra de sus “prioridades” será aprobar, “en cooperación estrecha” con las comunidades autónomas, la Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que los consolidará como servicios públicos esenciales y cuyo reconocimiento se verá “complementado” con el incremento del apoyo financiero o la mejora del reconocimiento de sus profesiones asociadas.

“Esta ley busca favorecer las sinergias entre los sistemas autonómicos de servicios sociales garantizando que puedan compartir información y asegurar los derechos de los usuarios, independientemente de su lugar de residencia”, apostilló.

En el ámbito de los derechos sociales también se refirió a la aprobación de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030 y el desarrollo de la Estrategia Nacional para la Igualdad, Participación del Pueblo Gitano 2021-2030 así como de la Estrategia Nacional contra la Soledad no Deseada y de una nueva Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza además del Real Decreto de Entidades Colaboradoras del Tercer Sector de Acción Social y los desarrollos reglamentarios de la Ley del Voluntariado.

CONSUMO Y AGENDA 2030

En materia de consumo, admitió que su “prioridad fundamental” de legislatura será la promoción del consumo sostenible, razón por la cual su gabinete plantea una Ley de Consumo Sostenible que permitirá regular aspectos como la promoción del derecho a la reparabilidad, la lucha contra el blanqueamiento ecológico o la protección contra las prácticas desleales.

En este ámbito, también aseveró que su gabinete va a “iniciar de manera inmediata” la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que, entre otras novedades, establecerá un plazo máximo de 15 días para la resolución de reclamaciones y obliga a que las llamadas telefónicas sean atendidas en un plazo máximo de 3 minutos, además de dar la posibilidad al cliente de ser atendido por un operador en vez de por una máquina.

En paralelo, reivindicó la importancia de aprobar un real decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos y otro sobre publicidad de alimentos no saludables dirigida al público infantil, ya esbozados por el ministro Alberto Garzón la pasada legislatura.

Con el fin de proteger a los consumidores vulnerables, su gabinete presentará iniciativas como el Real Decreto por el que se regula el etiquetado en alfabeto braille y otros formatos, que juzgó “clave” para garantizar la accesibilidad universal a bienes y productos de consumo de especial relevancia y tratará de “reforzar” la capacidad del Ministerio en materia de inspección y sanción.

Por último, en el área de Agenda 2030, Bustinduy se refirió como el “principal hito” a afrontar este año a la comparecencia de España en el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, donde presentará el tercer Examen Nacional Voluntario para “rendir cuentas” sobre los “avances logrados” y que valoró como una "ocasión para construir imagen de país, adquirir compromisos y reforzar la Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobada en 2021”, todo ello con la mira puesta en que España se “consolide” como “referente internacional en el cumplimiento de la Agenda 2030”.