Así lo aseveró Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación en el acto '2025: un año decisivo hacia una Convención de Derechos de las Personas Mayores', celebrado en el Imserso por el Día Internacional de las Personas Mayores, en las que, preguntado por lo que supondrá dicha convención, recordó que “tenemos un ejemplo reciente, cuando en 2006 se adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. “Desde entonces, en España hemos modificado la Constitución, estamos trabajando en la reforma de la Ley de Discapacidad y se ha avanzado mucho”, afirmó, consciente de que “queda muchísimo por hacer, pero es un empuje”.

“Es un reconocimiento universal de un marco de derechos que apunta a un horizonte de una sociedad mejor, de una sociedad que reconozca la diversidad y la pluralidad de quienes la conforman y garantice sus derechos y su bienestar”, apostilló.

A este respecto, reivindicó que con las personas mayores “hay que hacer lo mismo, aprovechar esta convención para que sirva para un empuje, para poder diseñar una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, que garantice el derecho a envejecer con salud, con bienestar y con dignidad”. Incidió en la idea de que “hay muchísimo por hacer, pero es una de las palancas decisivas para poder avanzar”.

En este contexto, lamentó que, “en estas últimas semanas, hemos visto crecer un discurso alimentado de forma interesada por la extrema derecha también” que, a su juicio, “pretende generar un escenario de conflicto o de lucha entre distintas generaciones”. “Como si la culpa de las penurias y las dificultades que afronta la juventud, por ejemplo, para emanciparse o acceder a una vivienda fuera responsabilidad de las personas mayores en este país”, afeó, al tiempo que lo consideró “algo mezquino, falso y perverso”.

RESPONSABILIDAD

“De hecho, la crisis de la vivienda en España no es responsabilidad de las personas mayores, es responsabilidad de agentes económicos, especuladores que se están lucrando a costa del derecho constitucional a la vivienda de los españoles”, denunció.

En la misma línea, se mostró convencido de que el culpable de esta situación “no es un jubilado que cobra 2.000 euros de pensión”, sino “de los fondos buitre, que compran edificios enteros y echan a las familias de sus casas”.

Del mismo modo, puntualizó que la sostenibilidad del sistema de pensiones o del Estado social “no es responsabilidad de las personas mayores, es de las grandes multinacionales, los grandes patrimonios y los ultrarricos que no pagan los impuestos que deberían pagar”.

“Creo que hay un intento absolutamente interesado de disimular quiénes son los responsables de los problemas que vive nuestra sociedad y, desde luego, no son las personas mayores, que siguen sufriendo discriminación y gravísimas desigualdades en muchos ámbitos de la vida”, defendió.

Por último, urgió a “enfrentar todos estos relatos y estas narrativas” y a “explicar la realidad”, esto es, en su opinión, “que siempre, detrás de este pretendido interés en enfrentar grupos sociales, lo que hay es un intento de disimular quiénes son los verdaderos responsables” y que dijo que son "aquellos que acumulan más riqueza y más patrimonio y no pagan lo que les corresponde”.

Por su parte, la directora general del Imserso, Mayte Sancho, estimó que dicho "enfrentamiento" es un "error histórico" que llamó a "combatir" e hizo hincapié en que, "en muchos lugares" e incluso en España las personas mayores "no tienen garantizados sus derechos". "Hoy hay millones de personas que no tienen derechos", reflexionó, al tiempo que afirmó que España ha "apoyado de manera firme" la elaboración de una convención y va a estar, "si es posible, en primera fila".

La conferencia inaugural corrió a cargo del catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid Rafael de Asís y el evento también incluyó una mesa redonda en la que intervinieron el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez; la presidenta de HelpAge España, Isabel Martínez, y el miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Carlos Fernández, quienes reflexionaron sobre los "hitos históricos" que han permitido el inicio de la redacción de la convención internacional y los derechos que debe recoger y reivindicaron la importancia de que el documento consagre los derechos de las personas especialmente vulnerables, como aquellas con algún tipo de discapacidad.