Así lo advirtió durante su intervención en el V Congreso Europeo Contra la Pobreza y la Exclusión Social, que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) celebra en la sede de la Fundación ONCE en Madrid y en la que admitió que el 20 aniversario que dicha red conmemora este año “habla bien” de ella, pero “habla mal” de la “respuesta” que se ha “dado” a un “problema” que, lamentó, “20 años después sigue ahí y sigue siendo, si no tan acuciante, quizá incluso más”.

“El Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Pacto Verde, los esfuerzos para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la respuesta que se le dio a la crisis de la pandemia, prefiguran una idea de lo que podría ser, de a qué podría parecerse una Europa social, una Europa que realmente se tomara en serio, que realmente pusiera en el centro de la agenda democrática las cuestiones de justicia, igualdad, bienestar y derechos humanos”, abundó, al tiempo que criticó que, en la actualidad, 95 millones de europeos, casi el 22% de la población del continente y el 26% en España, está "en riesgo de pobreza o de exclusión social”.

Tras afirmar que “no son solo datos inaceptables” ni son “solo el resultado de problemas de gestión o de políticas fallidas”, Bustinduy aseveró que se trata de “emergencias democráticas de primer orden, de primera magnitud, de las que deben depender nuestras prioridades y nuestros valores y que dependen también a la vez de nuestras prioridades y de nuestros valores”.

En este contexto, estimó que, “sobre la base” de la respuesta que España ha dado a la última crisis en oposición a lo que sucedió tras la crisis económica de 2008, “tenemos la obligación de construir un paradigma diferente para la política económica, para la política social y para la política europea”. “Creo que el punto de partida es desafiante, creo que debe partir de un ejercicio realista de análisis de dónde estamos, pero tiene que ser también alentador a pesar del contexto en el que vivimos”, apostilló, convencido de que, en España, “a pesar de la acumulación de formidables crisis y de las dificultades, hemos conseguido que se reduzca la desigualdad hasta el punto más bajo de nuestra serie histórica” y de que “hemos dado con una fórmula que funciona”.

RETO DE LEGISLATURA

“Ahora, y este es el reto de esta legislatura, si la legislatura anterior tuvo que servir para demostrar que se podía afrontar una crisis de esa magnitud y según un paradigma diferente sin tener que sacrificar derechos sociales, ni servicios públicos, la tarea para esta debe ser abordar las desigualdades estructurales que son la principal fuente de división social en nuestro país y la principal amenaza a nuestras democracias”, sentenció.

En este punto deslizó que el “mandato” de este Gobierno “pasa” por “garantizar” que las políticas públicas “consagren derechos sociales universales para toda la ciudadanía no solo en tiempos de crisis, sino en tiempos de normalidad” y, a su vez, permitan responder a los “desafíos” del nuevo siglo, entre los que citó la inteligencia artificial o las “crisis climáticas”.

“Tenemos que evolucionar hacia un modelo del bienestar para el siglo XXI que pase por derechos universales, por sociedades que sean capaces de garantizar unos mínimos de existencia en dignidad, unos mínimos de libertad, de igualdad y de bienestar al conjunto de su ciudadanía y que financie esos derechos universales por medio de un sistema fiscal justo y redistributivo”, agregó, para indicar que esa es la “causa en la que está” su gabinete y la “batalla difícil” que está “dando” con medidas como la “reforma y mejora” del IMV o la prestación universal por crianza.

A su entender, esto “no solo es necesario para defender la democracia, también es la única manera de defender la paz” en un momento en el que la guerra “se cronifica a las puertas de Europa” y en el que “aumentan los conflictos, la violencia, los desplazados y las violaciones masivas de derechos humanos”.

LA DESIGUALDAD, PRINCIPAL AMENAZA A LA DEMOCRACIA

En declaraciones a los medios previas a su intervención en este congreso, el titular de Derechos Sociales denunció que la pobreza y la desigualdad “es la principal amenaza a la democracia que vivimos en nuestro continente”. “No puede haber estabilidad democrática ni una sociedad del bienestar si no avanzamos en la lucha por la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad”, prosiguió, al tiempo que puntualizó que, tras el “aquelarre” de la ultraderecha este domingo en Madrid, la “única manera de combatir el auge de fuerzas antidemocráticas, ultraderechistas y reaccionarias” es “avanzar” en la agenda social y conseguir una sociedad “que garantice mínimos de bienestar para todos”.

“Solo desde el horizonte de una sociedad del bienestar para el siglo XXI que no deje a nadie atrás, seremos capaces de afianzar principios como los valores democráticos o como los derechos humanos”, sentenció, al tiempo que urgió a “hacer menos aspavientos y avanzar más y conquistar derechos sociales”.

En la misma línea, el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Oliver de Schutter, juzgó “muy importante” que Europa se “asegure” de no “tomar medidas contraproducentes, que hagan más difícil la vida y la subsistencia de las familias”, de “apoyar” a quienes “están luchando contra la pobreza” en el continente y de que la transición ecológica justa “no va en detrimento de las políticas sociales”.

En el congreso también participó el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, quien quiso trasladar su felicitación a la EAPN por sus 20 años de trabajo “dedicado a apoyar a las personas vulnerables y amplificar sus voces sobre temas importantes” y, en este sentido, el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, emplazó a Bustinduy a “operativizar cuanto antes y llevar adelante” la estrategia de lucha contra la pobreza y recordó que el mundo y Europa viven “un momento delicado”, si bien se mostró “expectante” ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo y avanzó que la red seguirá “apretando” por una “renta digna para las personas”.

ONCE

En el acto también intervino el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, quien reivindicó la labor del Grupo Social ONCE “para que Europa sea un continente en donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse sin discriminación” y se congratuló de la prohibición del despido automático por razón de discapacidad sobrevenida, medida que espera que “se acabe convalidando” en las Cortes.

Junto a ello, hizo hincapié en que “la combinación de discapacidad y pobreza es enorme y tremendamente demoledora” dado que una persona con discapacidad “tiene más probabilidades de ser pobre” y viceversa, por lo que defendió que existe “una conexión y una agenda política común a las personas vulnerables” y que el Grupo Social ONCE se siente “llamado” a ser “un humilde constructor de una Europa con un gran pilar social”.

Por último, la consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, María Canal, alabó la trayectoria de la red contribuyendo al “conocimiento sobre las causas de la pobreza, promoviendo mayor eficacia y eficiencia en las acciones para combatirla, facilitando colaboración entre entidades públicas y privadas a todos los niveles y generando espacios en los que las personas en situación de pobreza o exclusión pueden hablar por ellas mismas y presentar sus propias demandas y propuestas” y señaló el objetivo de la Comisión de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en “al menos 15 millones” para 2030.