Así lo advirtió Bustinduy en una entrevista concedida a Servimedia en la que hizo hincapié en las “varias causas” que le hacen “si no ser optimista, sí estar determinado” a sacar adelante una normativa que, dijo, “tiene que ver con la protección de la infancia”, pese a los “intereses muy poderosos” que, a su entender, “existen en este ámbito”.

“La primera es que creo que estamos ante una realidad evidente. Que España tiene índices preocupantes de malas prácticas alimenticias, de obesidad infantil, de inseguridad alimentaria es evidente”, afirmó, para aseverar que esta situación “va muy vinculada con la realidad de la pobreza infantil en España”, convencido de que se trata de “algo inasumible para una democracia de un país rico como es España y hay que abordarlo”.

Junto a ello, en segundo lugar, reivindicó la existencia de “un consenso social en torno a esta cuestión amplísimo y transversal”. “Creo que gente, independientemente de sus opiniones políticas o de sus identidades, está de acuerdo con que hay que proteger a la infancia en la edad en la que se forman esos hábitos nutricionales y alimenticios ante la formación de malos hábitos, ante prácticas publicitarias que pueden incidir en esos problemas”, abundó.

En este punto, admitió que hay “intereses muy poderosos” en este ámbito, si bien reconoció que su departamento tiene “la responsabilidad y la obligación” de “sentarse con todas las partes, con todos los actores y hacer evidente que esto es una causa de país y que es el interés general del país el que debe prevalecer”. “Que debemos y podemos encontrar y construir los acuerdos necesarios para incidir en lo que será una mejora de la calidad de vida de nuestros niños y niñas, especialmente de los más vulnerables”, agregó.

A este respecto, aseguró que “está demostrado” que son los hogares “de menores rentas y más desfavorecidos aquellos en los que se dan mayores índices de todos estos problemas”.

Por ello incidió en que, incluso “desde la óptica de la justicia social”, se trata de una cuestión que “obliga” a los poderes públicos a “intervenir”, porque, a su juicio, el nivel de renta “está directamente relacionado con el nivel de obesidad infantil o de prevalencia de hábitos perniciosos”.

“Creo que es una responsabilidad hacerlo y confío en que seremos capaces de sacarlo adelante”, sentenció, al tiempo que subrayó que “no puede ser que nuestros niños y nuestras niñas estén expuestos a técnicas publicitarias, que muchas veces no pueden siquiera distinguir, que tienen una finalidad comercial o un interés privado y que pueden redundar en la formación de hábitos poco saludables”.

En este sentido, insistió en que España presenta “unas cifras de inseguridad alimentaria, de obesidad infantil muy preocupantes, muy alarmantes” y en que “uno de los ámbitos clave” en los que es preciso “intervenir” es “precisamente esta publicidad no regulada” que, según su punto de vista, “puede fomentar, en una edad crítica para la formación de hábitos nutricionales, hábitos no saludables”.

CONSUMIDOR VULNERABLE

En la misma línea, en cuanto a la protección de los consumidores más “vulnerables”, denunció que, en el ámbito de las relaciones de consumo, se haya “impuesto” un “marco liberal que concibe a una especie de individuo consumidor en abstracto que toma decisiones libres en un mercado perfecto”, pese a que “la realidad es que las relaciones de consumo, como todas las relaciones económicas”, están “estructuradas de una manera profundamente desigual y hay personas consumidoras que son especialmente vulnerables”.

Por esta razón, junto al impulso de un “consumo sostenible” para hacer que los “hábitos y prácticas de consumo, producción y distribución sean más sostenibles”, otra de las “prioridades” de su gabinete será “proteger a las personas consumidoras especialmente vulnerables”, con la “tarea”, entre otras, de “garantizar la accesibilidad al consumo y un entorno cognitivo también accesible en las relaciones económicas”.

En este contexto, defendió que el real decreto por el que se regula el etiquetado en alfabeto braille y otros formatos para garantizar la accesibilidad universal a bienes y productos de consumo de especial relevancia “va en ese sentido, en garantizar que algo tan cotidiano como hacer la compra pueda darse en condiciones de igualdad, de seguridad, de información, de pleno conocimiento”.

“Creo que es algo que es urgente y que podremos hacer en el corto plazo”, apostilló, para añadir que, a lo largo de la legislatura, también abordará la regulación de una nutrición saludable y basada en una dieta y una alimentación equilibrada en los comedores escolares.

INVESTIGACIÓN MÁRGENES DE BENEFICIOS

Con relación a la investigación que anunció durante su primera comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados sobre los “márgenes extraordinarios obtenidos a lo largo de la cadena alimentaria” así como otra “específica” sobre “posibles prácticas fraudulentas con los productos con IVA rebajado”, quiso “resaltar” que, en el ámbito de sus competencias, que, aseveró, “son limitadas en la materia”, el Ministerio de Consumo y, “en concreto”, la Dirección General de Consumo, “se dotó en la pasada legislatura de una capacidad de inspección y de una capacidad sancionadora”.

“Por primera vez el Ministerio de Consumo tiene sus propios inspectores y tiene la capacidad de incoar expedientes, proceder con las investigaciones y, en el caso de que se hayan dado prácticas de fraudes masivos, poder sancionar a los responsables”, añadió, al tiempo que avanzó que, en el “ejercicio” de sus “competencias”, tiene previsto “investigar” prácticas que hayan podido llevar a cabo distribuidoras de alimentación para “asegurarnos de que esa reducción del IVA no se ha destinado a engordar los márgenes de beneficios extraordinarios”.

Tras puntualizar que su gabinete ya está “desarrollando” dicha investigación “en colaboración” con el Observatorio de Márgenes Empresariales y con el Observatorio de la Cadena Alimentaria reiteró que, pese a que sus competencias en esta área “son limitadas”, las va a “ejercer” con el fin de “garantizar que los derechos de los consumidores y las consumidoras, especialmente de los más vulnerables, no se vean violentados”.

“Creo que existe un gran debate social al respecto, creo que hay varias organizaciones que llevan muchos meses incidiendo en esta materia y es un tema al que le estamos brindando una atención específica”, explicó, si bien pidió comprensión sobre su obligación de “ser reservado y mantener la reserva sobre actuaciones en curso”.

JUEGO

Por último, en el área de juego, adelantó que su departamento también tiene en cartera “toda una serie de medidas de protección de la infancia en lo que tiene que ver con el acceso” al mismo, así como una “reforma” de la Ley de Juego para “garantizar que se da en condiciones seguras”.

De este modo, frente al paradigma de juego responsable del que, según su criterio, “se ha hablado mucho en estos años” y que “hacía recaer sobre el individuo, de nuevo esa especie de individuo liberal abstracto, la toma de decisiones”, expresó la intención de su Ministerio de “incidir” en “generar las condiciones de seguridad que hagan que las personas consumidoras, especialmente las más vulnerables, puedan ver garantizados sus derechos” en torno a la práctica de esta actividad.