Lo hizo en el transcurso de su intervención en la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, encuentro que presidió y en el que emplazó a los titulares del ramo a nivel autonómico a que “actúen” desde los gobiernos regionales contra dichas empresas.

En paralelo, recordó que el problema de la vivienda es la principal preocupación para la ciudadanía española y que las competencias de Consumo se pueden usar para proteger el derecho constitucional a la vivienda.

Para ello, puso de ejemplo la acción que, en este ámbito, ha llevado a cabo el Ministerio que dirige, reivindicando intervenciones como la que realizó hace apenas dos semanas cuando urgió a la empresa Airbnb a bloquear más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos de su plataforma online que incumplen la normativa en materia de Consumo, dado que, según precisó su departamento, no incluyen un número de licencia, o incluyen licencias incorrectas o no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores.

Asimismo, el ministro Bustinduy hizo hincapié en que desde la Dirección General de Consumo se abrió un expediente sancionador a una compañía de alquiler de pisos turísticos por no retirar la publicidad “ilícita” que se detectó en su plataforma.

ANUNCIOS ILEGALES

Junto a ello, puntualizó que, desde la cartera que lidera y a través de la Unidad de Análisis de Consumo, se ha ofrecido información “detallada” a diferentes gobiernos autonómicos de los anuncios ilegales detectados en sus territorios sobre estos alojamientos.

En este contexto, el Ministerio destacó que ha trasladado al gobierno de la Xunta de Galicia un archivo que incluía información de más de 9.000 pisos turísticos detectados en esta región, con el fin de que el ejecutivo gallego pudiera inspeccionarlos para cerrarlos y, en su caso, sancionarlos.

Del mismo modo, Consumo entregó un archivo al Govern de Islas Baleares con más de 7.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en las islas sobre los que, a su juicio, “se podría actuar”.

A este respecto, el ministro advirtió de que los gobiernos autonómicos tienen competencias para actuar contra los alojamientos turísticos que se publicitan de forma ilícita y para inspeccionar y exigir la retirada de esta publicidad, así como para proceder al cese de la actividad de estos pisos y, en su caso, iniciar procedimientos de sanción.

DEFENDER AL CONSUMIDOR

Al mismo tiempo, Bustinduy exhortó a los gobiernos autonómicos a usar sus competencias para “defender” a las personas consumidoras frente a las prácticas “abusivas” que pueden cometer empresas que gestionan el alquiler de viviendas.

En torno a esta cuestión, el ministro se refirió a la investigación que puso en marcha la Dirección General de Consumo para inspeccionar la actividad de este tipo de gestoras inmobiliarias y que supuso, en marzo, la apertura de un expediente sancionador a una de las principales empresas de este sector.

Se trata, según incidió Consumo, de una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional y que habría realizado prácticas “abusivas” contra inquilinos en la gestión del alquiler como obligar a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o contratar servicios no solicitados.

En este sentido, el ministro Bustinduy explicó que desde Consumo se sigue investigando a otras inmobiliarias que podrían estar cometiendo estas mismas prácticas “abusivas”.

La Conferencia Sectorial contó con la participación de los consejeros de Consumo de diferentes comunidades autónomas, con la excepción de los de Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León, cuyos representantes regionales no asistieron, y en ella también intervinieron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.