Así lo reivindicó Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a un edificio en Madrid que ha llevado a cabo reformas para mejorar su accesibilidad, en línea con las medidas previstas en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que el miércoles se votará en el Congreso.

A este respecto, el ministro, que estuvo acompañado por el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, puntualizó que “la que va a ser la mayor reforma social de la legislatura” va “aparejada” de una inversión “sin precedentes”, más de 6.200 millones de euros “para hacer posible” que varias “transformaciones vean la luz y hagan nuestro país un poquito mejor”.

“Creo que esto es un consenso unánime en nuestra sociedad, completamente transversal, que no entiende de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo”, abundó, al tiempo que dijo esperar que “el mensaje que salga de la cámara, sea ese”.

Tras recordar que, en la primera vuelta en el Congreso, “desgraciadamente hubo grupos políticos que se abstuvieron o incluso que votaron en contra”, como es el caso de PP y Vox, respectivamente, dijo esperar que la semana que viene “el apoyo sea unánime a esta reforma”, convencido de que “va a hacer la vida un poquito más fácil a muchas personas en nuestro país”.

CAMBIOS DE CALADO

En este sentido, hizo hincapié en que dicha reforma “incluye muchísimos cambios de calado para transformar nuestro sistema de cuidados” y quiso “resaltar y poner en valor específicamente” por su “trascendencia enorme” la reforma de la Ley de propiedad horizontal para “asegurar” las comunidades de vecinos “tengan el deber, la obligación” de solicitar las ayudas públicas “correspondientes” para poder acometer las obras necesarias para instalar rampas o ascensores.

En paralelo, señaló la creación con esta reforma de un fondo estatal de accesibilidad para poder proveer de los fondos necesarios para consagrar el derecho a la accesibilidad universal, que, aseveró, “es tanto como reconocer el derecho subjetivo de todos y de todas a poder vivir en entornos que sean accesibles” y a que los poderes públicos, las comunidades de vecinos y los prestadores de servicios “tengan que remover las barreras que dificultan la vida cotidiana a millones de compatriotas”.

En este contexto, reiteró su esperanza de que la semana que viene en el Congreso de los Diputados, “a pesar de las dificultades del momento político nacional, internacional, salga un apoyo unánime” a la reforma.

Bustinduy estuvo acompañado de Rosa, una vecina del edificio desde hace 26 años a quien el ministro agradeció que abriese “las puertas de su casa” para “explicarnos una realidad que viven decenas de miles de personas en este país que ven cómo el derecho a la accesibilidad no se respeta, no se garantiza a día de hoy”, convencido de que “esto tiene un efecto sobre la vida cotidiana y la libertad más básica de poder conducir tu propia vida” y de que Rosa “podría ser cualquiera de nuestros familiares en este país”.

Por su parte, Rosa explicó que vive en su edificio desde hace 26 años y “estaba sin ascensor” hasta ahora, lo que la obligaba a subir cada día “cinco escalones” con su marido en silla de ruedas, por lo que, para salir a la calle, “tenía que bajar la silla de ruedas primero a la escalera” y, a continuación, bajar a su marido “por la escalera a hombros para sentarlo en la silla”.

En la misma línea, subrayó que la instalación del ascensor le ha “cambiado la vida” y que está contenta “más que nada” por sus vecinos, algunos de los cuales “no podían bajar a calle”, y después de muchos años “peleando” hasta conseguir una ayuda de la comunidad, porque hasta ahora “no había dinero”.