Así lo reivindicó Bustinduy durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que explicó que, de forma agregada, solo en lo que queda de 2026 y el año 2027, se van a movilizar 6.200 millones de euros adicionales, lo que “implica duplicar la inversión en dependencia del año 2025”.

“Esto no solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas”, aseveró, al tiempo que destacó los “enormes desafíos” que, a su juicio, “afronta la sociedad española, la democracia española, para construir un sistema público universal de cuidados que cubra todas las fases de la vida”.

En paralelo, hizo hincapié en que ha sostenido “contra viento y marea” que el Ejecutivo iba a “cumplir el compromiso alcanzado en el acuerdo de Gobierno de alcanzar el 50% de la financiación del sistema de la dependencia por parte de la Administración General del Estado”.

“Hoy ese compromiso está reflejado en la ley”, apostilló, al tiempo que defendió que se trata de “un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste”, como, a su juicio, “sucedió en la era de los recortes”.

GRAN TRANSFORMACIÓN

Junto a ello, confirmó que servirá también para “sentar las condiciones” de esa “gran transformación” del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia y “sentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar un servicio público de la mayor calidad y un derecho subjetivo de ciudadanía”.

En este contexto, indicó que se trata de una financiación “que es estructural, es decir, que continuará en los años sucesivos” y puntualizó que la cifra anunciada es “más que duplicar la inversión en dependencia” que había cuando él llegó al ministerio en 2023 e “incrementar en un 423% la financiación de la dependencia que se daba en el año 2020 y multiplicar por seis lo que dedicaba el Gobierno de Mariano Rajoy en sus últimos años de ejercicio”.

Tras señalar que esto “comenzó a cambiar en 2021 con la aprobación del plan de choque”, un “esfuerzo muy significativo” que quiso “reconocer” a Ione Belarra y el secretario de Estado Nacho Álvarez por poner en marcha “esta senda sostenida de incremento que nos ha conducido hasta hoy y que ha permitido que hoy el sistema de atención a la dependencia atienda a 1.682.789 personas”.

“Son 600 000 personas más, un incremento del 55% respecto al año 2020 al mismo tiempo que se aumentaba la cobertura del sistema en más de 600.000 personas y las listas de espera han bajado un 51% en estos últimos seis años”, prosiguió, al tiempo que reconoció que “sigue habiendo 159.719 personas a la espera del reconocimiento de su prestación o de la implementación de la misma”.

TRABAJADORAS

Asimismo, calculó que en la actualidad hay medio millón de personas aproximadamente trabajando en el sector de los cuidados, “pero las previsiones nos dicen que de aquí a 2030, en apenas cuatro años, esa cifra puede más que duplicarse, precisamente por esas necesidades acrecentadas. “Todo esto es lo que motiva la decisión que se ha tomado hoy en el Consejo de Ministros, que supone un salto estructural, cualitativo, en la concepción de las políticas públicas de cuidados”, continuó.

Bustinduy matizó que este decreto ley incluye un incremento para el grado i de la dependencia de un 18,4%, que pasará de 76 a 90 euros; para el grado ll de la dependencia el incremento será del 100% y pasa de 130 euros a 260 euros y para el grado lll se incrementará en un 127% y pasará de 290 euros a 660.

“Esto implica que, a partir de este mes de julio, de manera inmediata, las comunidades autónomas van a ver incrementadas las transferencias por parte de la Administración General del Estado en un esfuerzo que va a suponer que el año que viene van a contar con un 93% de recursos más para poder atender las obligaciones del sistema”, celebró.

Con todo, aseveró que “no se trata sencillamente de un incremento cuantitativo de los recursos puestos a disposición del sistema”, sino que el “objetivo” es, “de manera inmediata, poder eliminar las listas de espera, aumentar la intensidad y la calidad de las prestaciones y los cuidados y mejorar las condiciones de trabajo en el sector”.

A este respecto, quiso hacer “un llamamiento a todos los actores políticos, económicos y sociales” a que “participen” de “un gran esfuerzo de país” para “valorizar, visibilizar y mejorar de forma sustantiva” las condiciones de trabajo en un sector que ve “absolutamente imprescindible para la reproducción de nuestra sociedad y absolutamente estratégico a futuro”. “No puede ser que un sector tan absolutamente esencial para nuestro futuro se vea sometido a condiciones de precariedad como las que se han conocido en el pasado”, denunció.

Por último, resaltó que invertir en dependencia “no solo permite profundizar la protección social y cambiar las condiciones de vida de quienes están en una posición más vulnerable” sino que, “además, permite generar desarrollo económico y cohesión social de una manera sostenida y eficaz”.

En la misma línea, admitió “celebrar el día de hoy”, que, a su entender, “es el resultado del esfuerzo, a lo largo de muchos años, de la sociedad civil organizada, de muchísima gente, que va a acabar convirtiendo a este país en un referente en la transformación de ese modelo de cuidados”. “Creo que no hay vocación más alta para la vida pública y creo que nada puede darle más sentido a la acción de Gobierno que medidas como las que tengo el honor de presentarles hoy”, resolvió.