Así lo desvela el 26 Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia 2025, presentado este viernes en el Congreso por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que cifra en 13.506,6 millones de euros la inversión del Sistema de la Dependencia.

Según subrayó la asociación, se trata de la cifra “más alta hasta la fecha, a pesar de la paralización del incremento de financiación estatal” y supone un 0,8% del PIB, “la mitad de lo que dedican de media los países de la UE”.

El año 2025 finalizó con 258.167 personas a la espera de un procedimiento (12.158 menos que a comienzo del año): 148.907 personas con derecho reconocido en espera de atención, 6.441 más que el año anterior.

“A ellas hay que añadir 109.260 personas pendientes de valoración, 18.619 menos que hace un año”, abundó la asociación. El tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 341 días en 2025, siete más que el año anterior.

MUERTES

“Mientras tanto se mantiene el ritmo de fallecimientos en las listas de espera. Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.994 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 14.710 sin haber podido ejercer sus derechos, aun teniendo reconocida su situación de dependencia”, denunció.

En este sentido, subrayó que “no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”.

En total, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia al finalizar 2025 y en este año han aumentado en 158.618 el número de personas atendidas, 147.612 personas más tienen reconocida su situación de dependencia, se registraron 160.667 solicitudes más y 179.286 resoluciones de grado más.

“Sin embargo, aumenta muy levemente la recuperación de generación de empleo de 39,3 a 39,8 empleos generados por cada millón de euros de inversión pública en el Sistema y disminuye la tasa de retornos al Estado a través del impuesto de sociedades, cuotas a la Seguridad Social o IRPF del 40,1% al 39,2%, la más baja en los últimos cinco años”, apostilló, al tiempo que indicó que en ambos casos debido al aumento en casi un 16% de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares frente a los servicios profesionales.

19 AÑOS

En este contexto, señaló que más de cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 19 años, mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

Por otra parte, estimó que los procedimientos burocráticos y las “escasas” cuantías de las prestaciones, junto con la “baja intensidad” de los servicios y la “imposibilidad de compatibilidad”, hacen un “sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia”, a lo que hay que “añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo”.

“Ni siquiera el importante incremento de financiación que recibió el Sistema entre los años 2021 a 2023, con el Plan de Choque, ha logrado impedir que el Sistema se desarrolle con un modelo low cost, con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia”, sentenció.

Para la asociación, “un ejemplo palmario y vergonzoso” de esta conclusión es el servicio de teleasistencia, dado que en España hay 66.246 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la Teleasistencia, 273 más que en 2024 y cuatro de cada diez de estos casos (41%) se producen en la Comunidad de Madrid (27.137).

Asimismo, el 44,6% de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la Prestación de cuidadoras Familiares, cuando esta prestación tiene un importe medio mensual de 264,55 euros (percibidas actualmente por 735.889 personas) y, por grados, estas cuantías son, de promedio: 172,6 euros/mes para Grado I; 277,7 euros/mes para Grado II y 385,1 euros/mes para Grado III.

POR REGIONES

Por regiones, se mantienen las “enormes desigualdades” entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión y solo aprueban la escala seis comunicades, con Castilla-La Mancha y Castilla y León, con 8,25 y 7,5 puntos respectivamente, encabezando esta clasificación y Extremadura (2,25), Ceuta y Melilla (2,5), Murcia (3,25), Cataluña (3,25) y Cantabria (3,5), a la cola.

“Se evidencia una desigualdad territorial en la implantación y desarrollo del Sistema, que se mantiene con diferencias muy altas entre algunas comunidades en la aplicación de los 20 indicadores que contempla la Escala de Valoración de la Dependencia que aplica desde el 2008 el Observatorio Estatal de la Dependencia”, según la asociación.

Por último, en cuanto a la reforma de la ley, la asociación destacó “aspectos positivos” en el proyecto, pero ve necesario aumentar en 1.000 millones de euros para dependencia en los próximos Presupuestos Generales del Estado para que estas “buenas intenciones” sean realidad, exigiendo a las comunidades autónomas “agilizar” procedimientos que reduzcan la lista de espera e incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades.