Según informó este jueves el Instituto Armado, en la denominada '0peración Gallagher', dirigida por la Fiscalía Europea, han sido detenidos ocho miembros de esta organización tras realizar 19 entradas y registros en Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y Valencia.

Durante la fase de explotación se intervinieron cerca de 400.000 euros en efectivo, más de un millón de euros en cuentas bancarias, un yate, 34 relojes de lujo y cinco vehículos de alta gama. Además, se solicitó el embargo de 21 inmuebles.

La organización criminal, con fuertes vínculos internacionales, operaba a través de una estructura empresarial conformada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos, utilizando además una red paralela para blanquear los fondos de procedencia delictiva.

FRAUDE TRANSFRONTERIZO

La operativa defraudatoria se realizaba mediante depósitos fiscales establecidos principalmente en Holanda, Portugal y España, aprovechando las normas de la UE en transacciones transfronterizas entre Estados miembros exentas de IVA.

Los investigadores confirmaron que importaban grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de varios Estados miembros hasta España, donde ingresaba con suspensión del pago de tributos conforme a la legislación europea.

Una vez en territorio español, intermediarios ficticios controlados por la organización adquirían el alcohol, se hacían cargo del IVA y posteriormente desaparecían sin cumplir sus obligaciones fiscales.

ESTRUCTURA CRIMINAL

En la cúspide de la organización se encontraban tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros al frente de numerosas empresas instrumentales para desvincularse aparentemente de la actividad comercial.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, junto con la Oficina Nacional del Fraude de la Agencia Tributaria.

Las actuaciones han contado con el apoyo de diversas unidades de la Guardia Civil de Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Navarra, así como del Servicio Cinológico y del Servicio Aéreo del cuerpo.

COMPETENCIA DESLEAL

El producto se distribuía finalmente en España mediante distribuidores controlados por la red criminal, cuyo IVA aparentemente repercutido de forma correcta en factura, nunca fue realmente ingresado.

Esta práctica permitía aplicar rebajas ilícitas en el precio, generando una competencia desleal en el sector de las bebidas alcohólicas que perjudicaba a las empresas que operaban legalmente.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el Área Regional de Inspección de la AEAT en Valencia ante la Fiscalía Europea en 2023, al detectar irregularidades en las operaciones comerciales de estas empresas.