Esta es la conclusión que hace en su análisis sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reveló que el paro creció en el tercer trimestre de 2023 en 92.700 personas (+3,4%), hasta los 2.855.200 desempleados, mientras que el número de ocupados ascendió en 209.100 (+1%) y se alcanzó una nueva cifra récord de 21.265.900 cotizantes.

El organismo aplaudió los datos, que “denotan el mantenimiento del pulso del mercado laboral español durante un tercer trimestre marcado por las turbulencias geopolíticas, la desaceleración económica en los países vecinos, los mayores tipos de interés y la persistencia de la inflación”. No obstante, aquejó el nuevo repunte de los precios energéticos y advirtió de que “la amenaza inflacionaria y los elevados tipos de interés afectan negativamente al consumo y, por consiguiente, a la demanda de bienes y servicios. Este escenario “afecta a las necesidades de personal de las empresas y por tanto sus políticas de contratación”.

En este contexto, la Cámara de España prevé una moderación del crecimiento del empleo en los trimestres venideros. La creación de puestos de trabajo en el conjunto de 2023 podría avanzar en el entorno del 1,8%, mientras que para 2024 el crecimiento podría situarse cerca del 1,2%. Con ello, se espera que el año termine con una tasa media de paro del 12,7% que se reducirá tan solo dos décimas hasta el 12,5% en 2024.

“Las empresas esperan un empeoramiento de los costes laborales, los precios de consumo y las condiciones de acceso a la financiación y, en relación con ello, la inflación, la elevada presión fiscal y la caída de la demanda constituyen las principales preocupaciones para el desempeño de su actividad empresarial de cara al futuro. En definitiva, la capacidad y determinación de las empresas españolas para superar un escenario turbulento e incierto y continuar generando riqueza y empleo, podrían verse mermadas si no se toman medidas de apoyo para afrontar tanto la inflación como la subida de los costes laborales, entre otras circunstancias”, expone la Cámara de Comercio

“Por tanto”, concluye, “sigue siendo necesaria una política pro-empresa, que sitúe a la empresa en el centro de la política económica del futuro Gobierno como pieza clave de nuestro sistema de economía social de mercado, y promueva un contexto propicio para el crecimiento, la transformación y la creación de empleo. Y en este contexto, una de las acciones más urgentes es la reducción de la presión fiscal que soporta el tejido empresarial, para incentivar la competitividad y contribuir a incrementar las inversiones, innovaciones y, en definitiva, la creación de empleo”.

Así las cosas, la Cámara de Comercio insta a abaratar el coste de la contratación “rebajando las cotizaciones sociales”, y reformar el Impuesto de Sociedades “para establecer un tipo único y más reducido que el actual y un esquema de beneficios fiscales más simplificado”, entre otras medidas.