“Nuestro objetivo es seguir creciendo”, explicó a Servimedia Almudena Martorell, presidenta de esta entidad que acaba de cumplir 75 años de funcionamiento.

“Cada piso tiene un plan individualizado”, detalla, "pues algunos requieren una visita diaria y otros una visita semanal; en algunos hay que estar dos horas y en otros, 20 minutos”. Tenemos incluso un matrimonio que viven juntos sin prácticamente supervisión”.

Los apoyos que prestan los educadores de A la Par “van desde ayudar en la economía doméstica, mediar en posibles conflictos de convivencia, planificar compras y comidas o solucionar arreglos, entre otros. Sin embargo, “al final, todos los usuarios necesitan mucho menos de lo que en un principio pensamos”, asegura Martorell.

La fundación también se ocupa de buscar pisos para que estas personas inicien su vida independiente. “La mayoría son del mercado libre, que ellos mismos sufragan con su sueldo”.

RECURSOS

A juicio de Martorell, las administraciones “aún están muy enfocadas en los recursos de tipo residencial”, pero cada vez más “las personas con discapacidad intelectual quieren y piden vivir de manera autónoma, incluidas en sus barrios”.

En este sentido, se mostró confiada en que los fondos Next Generation sirvan para impulsar la desinstitucionalización y la promoción de este tipo de recursos, que “además son más baratos” y en los que las personas “viven de forma más sana, más autónoma y más feliz”.

Y es que Martorell lo tiene claro: "La autonomía se aprende”. Por ello, este tipo de viviendas “ayudan a que los usuarios permanezcan activos, se esfuercen y adquieran nuevas habilidades”.

La Fundación A La Par gestiona dos Centros Especiales de Empleo donde trabajan unas 200 personas con discapacidad y mantiene una oficina de intermediación laboral orientada al mercado ordinario. Gracias a ella, 150 usuarios al año consiguen un empleo en empresas convencionales, con los apoyos debidos.

“La mayoría de los usuarios de nuestros pisos de vida independiente proceden de estos programas”, explicó Martorell, aunque también hay personas que vienen de fuera “porque se han enterado de nuestro proyecto y les interesa”.

Explicó que “la demanda es cada año mayor. Cuando alguien con discapacidad intelectual ve que su compañero de trabajo se ha independizado y que está bien, empieza a pedir lo mismo".

A la vez, “sus familias también comprueban que otros jóvenes que ellas conocen se han independizado sin problemas” y “pierden el miedo”.

“Así que cada vez tenemos más. La buena noticia es que con lo que ganan los compañeros de un mismo piso suele dar para sufragar los apoyos (educadores), por lo que crecemos a la vez que la demanda”, indicó.

EMPLEO

El reto ahora, según Martorell, es conseguir que muchas más personas con discapacidad intelectual accedan al mercado de trabajo, que resulta “clave” de cara a su autonomía.

En la actualidad, solo el 30% de este colectivo forma parte de la población activa y registra además un 50% de paro. De ahí le relevancia de los Centros Especiales de Empleo de la fundación y su programa de empleo con Apoyos que promueve la inserción laboral en empresas ordinarias.

Este programa incluye las negociaciones con empresas interesadas, la búsqueda y adaptación de puestos de trabajo, el diseño de un plan personalizado para cada usuario (con los apoyos que precise), el acompañamiento y la evaluación.

Por otro lado, Fundación A la Par mantiene un centro de Formación Profesional para estudiantes de 12 a 18 años, donde unos 200 alumnos aprenden microinformática, comercio y gestión. Además, ha puesto en marcha el programa ‘Campus’, de tres años de duración y muy enfocado en la formación para el empleo (con prácticas en empresas),a partir de los 18 años. Consta de tres cursos, con 30 alumnos por año, y su objetivo es animar a los estudiantes que salen del centro de FP a dar el salto al mercado laboral. ”Según nuestros datos, la mitad de quienes terminan ‘Campus’ han encontrado trabajo a los tres años, afirmó Martorell.

JUSTICIA PARA TODOS

Finalmente, Fundación A la Par impulsa el acceso a la justicia de las personas con discapacidad mediante la figura del facilitador judicial, que acompaña a la víctima durante todo el proceso para asegurar su comprensión y ayudar a los agentes judiciales.

Este es el objetivo de la Unidad de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad Intelectual, la primera de su naturaleza en España, cuyo modelo ha sido reproducido por otras entidades dada su efectividad.

Durante sus más de 10 años de vida, el servicio ha tramitado más de 1.400 casos de delitos contra personas con discapacidad intelectual y los facilitadores de la institución han logrado reducir del 70 al 24% la brecha de sobreseimiento que pesaba sobre aquellos procedimientos judiciales en los que participan estas personas.

Del 80% de los abusos sexuales sobreseídos antes del nacimiento de esta unidad, “hemos pasado al 20%”.Así lo atestiguó Martorell, orgullosa del logro de esta iniciativa, y muy convencida de la necesidad de este tipo de servicios para garantizar “un derecho clave como es el acceso a la justicia en igualdad de condiciones”. “Si queremos favorecer el bienestar y la autonomía de estas personas no podemos olvidarnos de ello”, concluyó.