Así lo aseguró en una entrevista concedida a ‘Las mañanas de RNE’ recogida por Servimedia en la que lamentó que en la elaboración de las medidas del nuevo paquete anticrisis que aprobará esta semana el Gobierno “no se está contando” con los agentes sociales.

Sordo explicó sobre la rebaja del IVA de algunos alimentos que no se muestra en contra de que “temporalmente” se pueda tomar una medida de este tipo, pero que “no es particularmente efectiva”.

“A nadie se le escapa que, si estas Navidades se hubiera bajado el IVA, los precios no hubieran sido más baratos, simplemente hubiera habido un margen empresarial mayor”, apuntó Sordo, quien aseveró que las políticas fiscales de reducción de impuestos “tienen efectos muy limitados” y “sólo se pueden explicar cuando están muy bien focalizadas”.

Sobre el aumento del margen comercial de las empresas de distribución, señaló que se produce porque las grandes compañías “tienen la capacidad de distribuir los costes incluso a otras empresas las cadenas de suministro”. “Los excedentes y los beneficios en los sectores de la distribución son superiores a los de 2019”, apuntó.

Acerca de otras posibles medidas que pueda adoptar el Gobierno para limitar el alza de precios de alimentación, ensalzó que en el mes de marzo desde CCOO plantearon que “ante la pinta que tomaba la guerra de Ucrania” había que “habilitar una prestación para que nueve millones de personas llegaran a final de mes.

“No se nos hizo mucho caso en ese momento se empezó a hablar de un pacto de rentas que nunca vio la luz porque el Gobierno nunc ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas que pudieran dar forma a ese pacto de rentas”, lamentó.

Sobre el descuento de los carburantes, apuntó que en la medida que “los precios han ido bajando” y que la rebaja ha mostrado “algún síntoma de regresividad importante” por “quizás” haber acabado fomentando “un uso excesivo de los combustibles por parte de las rentas altas” es “recomendable” focalizarla.

ACTITUD CEOE

El líder sindicalista criticó que la patronal está adoptando una posición “regresiva” respecto a la actitud que mantuvieron durante la pandemia, que, para Sordo, se explica porque entonces se estaba poniendo en marcha “un paquete de medidas muy importante donde decenas de miles de millones de dinero público salvaron a las empresas y los empleos” mientras que ahora se trata de “decidir cómo se reparten los costes de la inflación”, algo de lo que la CEOE “se quiere borrar”.

Para Sordo, esta actitud deja ver “una falta de corresponsabilidad verdaderamente preocupante”, que se suma, además, que a “una parte del empresariado” la “contaminación del clima político que va a haber de ahora a las elecciones generales” les va a “alejar cada vez más de los acuerdos sociales”. “Ojalá me equivoque, pero creo que cada vez va a ser más difícil llegar a acuerdos”, indicó.

PENSIONES

Sobre la reforma de las pensiones, apuntó que está “prácticamente convencido” de que se aprobará ya en 2023 porque “no hay tiempo material” para sacar adelante “una negociación compleja, que ha ido muy lenta en este último mes y que tiene muchas materias todavía sin resolver”.

No obstante, indicó que este retraso no afectará a la entrega de fondos por parte de la Unión Europea ya que está convencido de que “se sobreactúa mucho con estas cosas” pues una reforma que va a tener efectos “a unas décadas vista” con medidas que entrarían en vigor “dentro de algunos años” es “irrelevante” a la hora de liberar los fondos si se retrasa “15 días”.

Preguntado por la cercanía del acuerdo, explicó que “una medida que es la que está distorsionando un poco la negociación”, en referencia al aumento del período de cómputo hasta los 28 años que pretende el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, rechazada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. “No apreciamos que haya un consenso político”, apuntó Sordo, recalcando “la gran fortaleza del sistema público de pensiones” en las últimas décadas proviene del apoyo de un “espectro político bastante amplio” a las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Sin embargo, indicó que el resto de medidas son “muy compartidas” más allá de la “profundidad” con las que querrían aplicar cada una de las novedades, como el destope de las base máximas de cotización.