Según CEAR, la UE "ha fracasado estrepitosamente” en su objetivo de lograr una mayor armonización normativa y establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. “El objetivo prioritario (de este pacto) es impedir que las personas lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible”, criticó.

Señaló que introduce "mínimos cambios en los criterios para determinar la responsabilidad de los Estados miembro en el examen de las solicitudes de asilo", algo que, unido a la reducción de los plazos del procedimiento, "aumenta la presión sobre los Estados fronterizos como España". Sobre ellos, "además, recaen nuevas responsabilidades derivadas de los nuevos procedimientos de controles previos de entrada", agregó.

Además, CEAR insistió en que el nuevo pacto "apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta” o “flexible”, con el cual los países europeos pueden financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, en lugar de garantizar un sistema de reubicación obligatoria que ponga en el centro la protección de las personas.

A juicio de Mauricio Valiente, director de Políticas y Campañas de CEAR, “pagar para no acoger resulta inaceptable". Ello es especialmente grave, dijo, "cuando se financia a países como Marruecos, Argelia, Libia, Túnez o Egipto, donde no se respetan los derechos humanos, ni se garantiza una adecuada protección”, subrayó.